TERRORISMO
Se reabre el sumario por el atentado de López de Hoyos
Por Ana Pascual Ases
3 min
España21-06-2013
El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha decidido reabrir el expediente del doble atentado de ETA en la calle López de Hoyos, el 21 de junio de 1993, en el que murieron siete personas, seis de ellas militares. Esta decisión ha sido motivada por los “indicios lógicos” de la participación del ex dirigente etarra Ignacio Miguel Gracia Arregi, conocido como ‘Iñaki de Rentería’. La tenacidad del hijo de una de las siete víctimas mortales del coche bomba de ETA ha evitado que la investigación del atentado prescriba al cumplirse los 20 años de la acción sin haberse encontrado a los responsables directos.
El juez Moreno ha publicado en un auto su decisión tras considerar, a raíz de la declaración prestada en dependencias policiales por uno de los cooperadores necesarios en el atentado, José Gabriel Zabala Erasun, que podrían derivarse “indicios racionales de criminalidad” respecto a Gracia Arregi, del que ahora se conoce con el alías ‘Gorosti’, identidad que le vincularía directamente con ese doble atentado. Además de Erasun, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal condenó por estos mismos hechos a Gonzalo Rodríguez Cordero. Gracia Arregi se encuentra en libertad desde 2011 después de que la Audiencia Nacional confirmase el cierre de la causa que tenía abierta por ordenar prolongar el secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara. El magistrado ha pedido a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional y al Servicio de Información de la Guardia Civil, un informe pericial de inteligencia relativo a la participación de Gracia Arregi en la matanza de López de Hoyos. En el auto de Moreno, se ha indicado que de las actuaciones realizadas se desprenden indicios para relacionar la acción al etarra ex dirigente, y “tener por ejercitada la acción penal contra él” y “proseguir la causa, practicándose cuantas diligencias se estimen oportunas hasta su conclusión”. La reapertura de la causa ha sido posible por la investigación que ha realizado el periodista del diario ‘El Mundo’, Pablo Romero, hijo de una de las víctimas del atentado. El redactor encontró en el sumario de estos hechos una declaración de Erasun, condenado como cooperador necesario de la masacre, que aseguraba que después de la detención del jefe militar de ETA, Francisco Mújica Garmendia, conocido como ‘Pakito’, su responsable directo fue ‘Gorosti’. La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que ejerce la acusación popular en la causa, ha exigido, a través de un comunicado presentado ante el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, la reapertura del procedimiento contra Gracia Arregi por su participación en el atentado, así como su procesamiento al considerar que en la causa no se realizó ninguna investigación sobre el etarra que estaba detrás del alías de ‘Gorosti’. La Asociación ha recordado que ese pseudónimo también aparecía en un informe sobre Gracia Arregi que la Guardia Civil elaboró en 2011, y el cual permitió la detención del etarra por orden del juez Pablo Ruz, en el marco de la causa en la que investiga el secuestro de Ortega Lara. En el atentado del 21 de junio de 1993 fallecieron seis militares y un civil, además de resultar heridas otras 25 personas. El primer coche bomba estalló después de las ocho de la mañana, destrozando una furgoneta militar que se dirigía al Estado Mayor Conjunto (EMACON) y en la que viajaban cuatro tenientes coroneles, Juan Romero Álvarez, Alberto Carretero Soguel, Fidel Dávila Garizo y Javier Baró Díaz, un capitán de fragata, Domingo Olivo Parza, y un sargento, José Manuel Calvo, además del conductor, Pedro Robles. Una hora más tarde, otro coche bomba, el que utilizaron los terroristas para escapar del primer atentado, explotó en la calle Joaquín Costa esquina López de Hoyos, hiriendo a tres viandantes. Erasun y Cordero fueron condenados en 1996 a 1.860 años de cárcel por ser los autores de los delitos de atentado terrorista, de seis asesinatos, por estragos, uso ilegítimo de vehículo de motor y sustitución de plazas de matrícula.





