SALUD

Imputan a Lamela y Güemes por la privatización de hospitales

Por Alba P. Huertas4 min

Sociedad21-06-2013

El juez de Instrucción número cuatro de Madrid ha admitido a trámites la querella presentada por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid, en la que se habla de posibles irregularidades en la gestión del servicio de salud de la Comunidad de Madrid desde el año 2004 como resultado de la privatización de algunos hospitales de la Comunidad. Se acusa de presuntos delitos de prevaricación, cohecho, fraude y malversación en adjudicaciones sanitarias a varios cargos, ex cargos y ex consejeros de Sanidad así como a las empresas que recibieron adjudicaciones. Las supuestas irregularidades de adjudicación y gestión se dieron en los primeros tres hospitales privatizados en Valdemoro, Móstoles y Torrejón de Ardoz entre 2007 y 2012.

La querella denuncia las supuestas irregularidades del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) en “el concierto para asistencia sanitaria suscrito con la UTE-FJD (Grupo Capio), en la vinculación de ex cargos y cargos políticos con empresas privadas concesionarias o participes en la gestión sanitaria, en la negligencia en el control del gasto público y la facturación intercentros, la derivación del paciente a través del denominado Call Center y la vulneración de los derechos de los pacientes protegidos por la Ley 6/2009 de Libertad de Elección en la Sanidad de la Comunidad de Madrid y la Ley 41/02 reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones”. Añade que los hechos “se resumen en el contexto de la actuación de la Administración autonómica en la Gestión de la Sanidad Pública, en la que según los querellantes se ha producido dentro de una gran opacidad y falta de información un incremento en el gasto la asistencia sanitaria con medios ajenos a la vez que un progresivo descenso en el gasto en la cartera sanitaria pública”. La querella va dirigida a la actual viceconsejera de Asistencia Sanitaria y directora del SERMAS, Patricia Flores Cerdán; el director general de Hospitales, Antonio Burgueño Carbonel; el representante de la Fundación Jiménez Díaz, Juan Antonio Álvaro de la Parra; el presidente o consejero delegado de Grupo Ribera Salud; el presidente o consejero de Capio Sanidad, Manuel Lamela Fernández; el presidente o consejero de Unilabs; y el presidente o consejero de Asisa, Juan José Güemes Barrios. El juez comenzará a tomar declaraciones a los imputados a partir del próximo 13 de septiembre y concluirán el 2 de octubre con las comparecencias de Lamela y Güemes. Más tarde comenzará la cita con los testigos entre ellos el director de continuidad asistencial del Hospital de La Paz, Miguel Amengual, o el director médico del Hospital Infanta Elena, Juan Antonio Azofra. La Comunidad de Madrid asegura que se actuó correctamente durante la primera privatización y acusa que todo el asunto es una maniobra política del Partido Socialista de Madrid (PSM) y de su sindicato médico. Gestión En la querella se detalla cómo entre 2007 y 2011 se comienza la construcción de ocho nuevos hospitales en la Comunidad: Torrejón, Móstoles, Collado Villalba y Carabanchel. En los hospitales Infanta Elena de Valdemoro, Rey Juan Carlos de Móstoles, Torrejón y Collado Villalba se contrata una gestión tanto pública como privada, dando concesiones a empresas privadas por 30 años. De este modo la empresa privada recibe un canon anual por cada persona de su área de protección a cambio de atender las necesidades asistenciales de su población. Acusaciones En cuanto a Lamela se estudia su vinculación con la empresa Assignia Infraestructuras, en la cual trabaja actualmente y que pertenece a la Unión Temporal de Empresas (UTE) que gestiona varios hospitales adjudicados en la etapa de Lamela. Güemes por su parte, está vinculado a Unilabs que el noviembre pasado compró el 55% de la UTE a la que Güemes adjudicó los análisis clínicos de seis hospitales en 2009. El auto explica que “la operación se ha efectuado por valor de cinco millones de euros y su domicilio está en la Fundación Jiménez Díaz después de cerrar el Laboratorio Central de Análisis, y cerrar los laboratorios de los hospitales, se otorgó la concesión a Unilabs en la que se integró Güemes”. Investigación El auto señala que el objetivo de la investigación es “la averiguación de la realidad de las conductas irregulares denunciadas sólo en la medida que tengan trascendencia penal respecto del trasvase injustificado, masivo y sistemático de pacientes de la sanidad pública a la privada bajo intimidación o engaño”. Además se investigará “la denunciada ausencia de control del precio por la adjudicación de los centros de Pontones y Quintana y la no reclamación de 1.5 millones de euros a Capio en la medida que pueda haber perjudicado a la Hacienda Pública” y la denunciada falsedad o no de la facturación intercentros, las irregularidades de algunos de los convenios o concesiones al sector privado y en concreto a sociedades con accionistas opacos, la contratación de ex consejeros de Sanidad por las empresas concesionarias y beneficiarias de la gestión de aquellos y la supuesta negligencia y descontrol en el gasto público en la gestión de los servicios, sin perjuicio de las que pudieran derivarse de éstas”.