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TRANSPARENCIA

Un consejo independiente vigilará la Ley de Transparencia

Por Irene Flores RuizTiempo de lectura3 min
España30-05-2013

Opiniones variopintas en debate de las enmiendas de totalidad presentadas al proyecto de Ley Transparencia. En un extenso debate que ha durado unas tres horas, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha expuesto cada una de las novedades y ha señalado que se creará un órgano independiente que velará por la transparencia que será, finalmente, un “Consejo de Transparencia y Buen Gobierno” que tenga mayor independencia y especialización en detrimento de la “Agencia de Transparencia” que tenía previsto el proyecto gubernamental.

Sáenz de Santamaría ha señalado que de esta manera, se responde a los demás grupos parlamentarios que incidían en la excesiva dependencia del Ejecutivo del órgano que se había propuesto. Se desconoce aún la forma de nombramiento de los miembros de este Consejo, pero según han apuntado fuentes del Gobierno, el nombramiento podría ser similar al procedimiento utilizado en las comisiones nacionales. Por otro lado, esta ley destaca en que será la primera que incluya a la Casa Real. En concreto, según ha indicado la vicepresidenta, estarán incluidos los partidos, las organizaciones empresariales y sindicales así como todas las entidades financiadas con dinero público entre las que se encuentra la Casa Real. "Hasta ahora, la Casa del Rey, como otras, se autoexigían criterios de transparencia, pero nuestra Monarquía será la primera en someterse, como otras instituciones, a una obligación legal de transparencia", ha señalado. Formará parte de la ley, también, el Banco de España y en lo que se refiere a las entidades privadas que perciban dinero público, la vicepresidenta ha anunciado que, con el resto de los grupos parlamentarios, se deberán decretar las cuantías mínimas o los porcentajes. En cuanto a la Iglesia se refiere, Sáenz de Santamaría aún no ha aclarado si se someterá o no a la norma de transparencia. Asimismo, ha destacado que mediante la ley se podrá obtener información acerca de los contratos, convenios, subvenciones o retribuciones de altos cargos, se promoverá la inclusión de los perfiles profesionales de los responsables de algunos órganos públicos y se pondrá en marcha un Portal de la Transparencia para acceder a dicha información. Por otro lado, y en respuesta a las enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos CiU y PNV al proyecto de ley, el Gobierno ha señalado que se dispone a retocar el capítulo de “buen gobierno” y que serán, finalmente, las administraciones correspondientes y respetando las competencias locales y autonómicas las que podrán imponer penalizaciones a los alcaldes o responsables autonómicos y no el ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. En este sentido, Sáenz de Santamaría, ha apuntado que le preocupa que se sancionen y se persigan los incumplimientos de las normas de buen gobierno y no tanto el quien lo haga. Por último, ha señalado que el gobierno tiene voluntad de que se llegue a un acuerdo que sea lo más amplio posible con la ayuda de todos los grupos parlamentarios y les ha ofrecido la posibilidad de trabajar conjuntamente. En este contexto, el PSOE con Alfredo Pérez Rubalcaba, al frente, que ha valorado los cambios incluidos en el proyecto de ley por el gobierno, ha señalado que el acuerdo es cosa de dos y para llevarlo a término es necesario ceder. También, se ha negado a apoyar las enmiendas de totalidad de otros grupos minoritarios que reclaman devolver la ley al Ejecutivo. Por su parte, los portavoces de los grupos parlamentario de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Unión, Progreso y Democracia (UPyD) y parte del grupo Mixto (ERC, BNG y Compromís-Equo), han rechazado el proyecto de Ley de Transparencia, acceso a la Información y Buen Gobierno debido a que lo ven insuficiente y porque le falta concreción aunque, sin embargo, han agradecido al gobierno que haya accedido a algunas peticiones de la oposición.