CASO NÓOS

El juez Castro investigará a la Infanta por fraude fiscal

Por Ana Pascual Ases3 min

España24-05-2013

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha acordado investigar a la Infanta Cristina por delito fiscal y blanqueo de capitales entre 2007 y 2010 al incorporar las 10 declaraciones de la renta de la infanta al sumario del Caso Nóos. Castro ha reclamado a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) nuevos datos que permitan determinar si la Infanta cometió fraude fiscal como propietaria al 50% de la mercantil Aizoón, supuestamente utilizada por su marido, Iñaki Urdangarin, para evadir impuestos y blanquear capitales. Por otro lado, el auto del juez incluye argumentos que han situado al ex presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, y a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, cerca de la imputación por los convenios firmados con Urdangarin.

El tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia ha considerado que tanto la Infanta como su marido se habrían beneficiado del dinero supuestamente defraudado a Hacienda a través de Aizoón, y también de los ingresos procedentes del Instituto Nóos. El juez Castro ha solicitado en su auto a la Agencia Tributaria que emita un informe “sobre las cuentas corrientes de las que doña Cristina de Borbón y Grecia sea titular o en las que aparezca como apoderada, bienes muebles e inmuebles, fondos de inversión y depósitos de los que sea titular”, con lo que pretende que la Agencia Tributaria “colme cualquier laguna o cualquier contradicción” sobre el documento que ya elaboró la agencia el 14 de febrero y en el que se descartaban irregularidades fiscales. El tribunal ha subrayado que el dinero irregular que percibió Aizoón desde Nóos no se quedó en la cuenta de la empresa, sino que se destinó a gastos particulares del matrimonio con su posible “conocimiento del origen ilícito y delictivo”. La Sala ha insistido en que si la Infanta Cristina desconocía el origen ilegal del dinero público, en cuanto a que “provenía de un delito de malversación o fraude”, lo que resulta “más dudoso” para los magistrados es que “desconociera que esos ingresos podían suponer un delito contra la Hacienda Pública”. La Audiencia ha señalado que la hija del Rey “debería saber o conocer que Aizoón era una sociedad pantalla y que su marido la utilizaba para defraudar a Hacienda” y que “se ha enriquecido con contratos ilegales y dinero público por facturas giradas por Aizoón a Nóos”. Los magistrados han recalcado que la Infanta tenía un control funcional de la sociedad al ser titular del 50% del capital social, “teniendo posibilidad de controlar la gestión, pudo haber convocado Junta de la Sociedad y revocado poderes a su marido o pedido que se regularizase la situación tributaria”, “pero no lo hizo y Aizoón recibió dinero público y privado defraudado”, han indicado. El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha defendido que es deber de la Agencia Tributaria “marcar el terreno de juego” en lo que se refiere a la imputación de la Infanta, una vez elabore los informes que el juez Castro ha solicitado, las diferentes partes “lo valorarán”. Torres-Dulce ha afirmado que la Agencia Tributaria es “la que debe marcar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de todos los ciudadanos sin ningún tipo de distinción de sujetos a ese deber”. Por otro lado, el juez Castro ha pedido al presidente de les Corts Valencianes, Juan Cotino, que certifique la condición de imputados de Camps y Barberá, como trámite previo a elevar al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana una exposición razonada de los hechos por los que podrían ser imputados en el Caso Nóos. Los nombres de Camps y Barberá han aparecido en diferentes ocasiones a lo largo del caso en relación con la tramitación del Valencia Summit, por las que el Instituto Nóos recibió tres millones de euros. La Infanta Cristina fue imputada por el magistrado Castro el pasado 3 de abril tras considerad que conocía las irregularidades de los negocios por los que Urdangarin está implicado en el Caso Nóos, pero el fiscal anticorrupción y la Abogacía del Estado se opusieron a esta decisión y la Audiencia de Palma dejó suspendida la declaración en calidad de imputada el 7 de mayo. La resolución cerró la puerta a la vinculación de la Infanta por cooperación o complicidad con el delito presuntamente cometido por su marido, pero el mismo auto judicial consideró abrir otra vía para reactivar la imputación de la Infanta Cristina por delito fiscal, la Sala insistió al magistrado investigar un posible delito de blanqueo de capitales y/o delito fiscal, para lo cual pedía al juez que solicitara un nuevo informe al respecto a la Agencia Tributaria.