DESAHUCIOS

Primera expropiación de una vivienda a un banco en Huelva

Por Vera Cid2 min

Economía23-05-2012

Una vecina de Huelva ha iniciado ante la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda el procedimiento de expropiación forzosa del uso de su vivienda al banco, que ahora mismo se la reclama por impago de su hipoteca. El BOJA publica el anuncio de dicha Delegación, por el que se somete a información pública el expediente antes de declarar de interés social la cobertura de necesidad de vivienda y la necesidad de ocupación a efectos expropiatorios.

“Lo principal es que puedo quedarme en mi casa”, relata emocionada María del Carmen Andújar, la vecina de Huelva con cuatro hijos y el marido en paro que se ha convertido en la primera persona a la que la Junta de Andalucía permitirá permanecer en su casa tres años tras iniciar el proceso de expropiación de uso al banco con quien suscribió la hipoteca. Se trata del primer caso en el que se aplica el decreto Ley de Función Social de la Vivienda, en vigor desde mediados del pasado mes de abril y que ampara la expropiación temporal por un plazo de tres años del uso de las viviendas “en inminencia” de desahucio “en caso de riesgo de exclusión social o amenaza para la salud física o psíquica de las personas”. No obstante, matizan que la publicación en el BOJA es “el paso previo”, y la resolución firme podría tardar aún “varios meses”. El paraguas de protección para familias desahuciadas está dirigido a particulares que hayan sufrido un “importante menoscabo” de su situación económica en los últimos años, cuya carga hipotecaria se haya incrementado al menos en 1,5 veces y cuyas rentas no superen tres veces el Iprem (Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples), situado en 532 euros mensuales. A cambio, los beneficiarios deberán pagar a la Junta un máximo del 25 por ciento de sus rentas, en una cuantía nunca superior al justiprecio que la comunidad conceda al inmueble en cuestión. Por otro, el decreto recogía el fomento del alquiler de viviendas vacías a través de un sistema de penalización en el que se multa con hasta 9.000 euros a las entidades bancarias y a sus sociedades filiales que no arrienden sus inmuebles. Según la Junta de Andalucía en la primera fase de la aplicación del decreto-ley se verán beneficiadas por la medida unas 200 personas. La Junta de Andalucía está tramitando un total de 63 expedientes de particulares que quieren que se lleve a cabo una expropiación temporal como la de María. A esas solicitudes, se sumarán previsiblemente otras 20, que se están preparando.