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OPERACIÓN EMPERADOR

Desaparece un matrimonio imputado en el caso Gao Ping

Por Pepe OlmedoTiempo de lectura1 min
España13-05-2013

Fernando Andreu, el juez de la Audiencia Nacional, ha ordenado la busca y captura internacional de un matrimonio de ciudadanos chinos imputados en la operación Emperador después de que no acudieran a firmar su comparecencia diaria ante el tribunal. Esta operación investiga la presunta trama de blanqueo de capitales que dirigía Gao Ping.

El matrimonio se encuentra imputada por una actividad directiva-organizativa directamente relacionada con el blanqueo en el núcleo de la organización criminal, así como por el delito de falsificación de documentos. Tanto a Kai Xu, la mujer, como Wang Feng, su esposo, habían sido puestos en libertad por el magistrado instructor con la obligatoriedad de comparecer en la Audiencia Nacional todos los días. Según han indicado fuentes jurídicas, Andreu ha dictado esta orden después de que agentes de la Policía acudieran este domingo a la residencia del matrimonio imputado y no los encontrara allí. El juez Andreu había excarcelado a este matrimonio junto a una veintena de personas mas en noviembre del año pasado, pese a la oposición mostrada por los fiscales del caso, con motivo de un error judicial cometido en la prórroga de su detención que se había producido en el mes de octubre. Las operaciones delictivas en cuestión consistían en blanquear unas grandes cantidades de dinero que distintas personas y empresario, tanto chinas como españolas, entregaban en mano a la organización criminal internacional liderada por Gao Ping. Mediante transferencias bancarias desde distintas cuentas en paraísos fiscales como Suiza, Panamá o Hong Kong, la trama les devolvía el dinero al cabo de un tiempo. Remitir desde España a China grandes sumas de dinero escondidas entre distintos envíos de inmigrantes a través de varias entidades de gestión de transferencias era otro de los métodos utilizados por la organización. Esta red criminal trataba de evitar los distintos controles contra el blanqueo de capital con un ingente número de fotocopias de pasaportes, mayoritariamente falsos o manipulados, y además, realizaba los envíos a nombre de los titulares que figuraban en estos documentos. Las cantidades remitidas nunca superaban los tres mil euros en un trimestre.