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MADRID ARENA

Cándida Jiménez declara que la cúpula se olvidó de la fiesta

Por Ana Pascual AsesTiempo de lectura3 min
Sociedad09-05-2013

Cándida Jiménez, responsable de la Policía Municipal del distrito de Moncloa y encargada del dispositivo del Madrid Arena, ha manifestado durante su declaración judicial ante el juez titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Eduardo López Palop, que sus superiores le negaron los refuerzos necesarios de hasta 60 agentes que solicitó antes de la tragedia. Así como ha asegurado que nunca recibió una orden de cambio de nivel de riesgo tal y como declaró el inspector jefe de la Policía Municipal, Emilio Monteagudo, por ello, la familia de la víctima Belén Langdon, ha pedido que se le abra una pieza separada por presunta falsedad en su declaración y en los documentos aportados sobre el cambio del nivel de riesgo de la fiesta en la que murieron cinco chicas.

El abogado que defiende a la familia de la víctima Belén Langdon, Abdón Núñez Saínz, y el letrado Luis Rodríguez Ramos, que representa al Ayuntamiento de Madrid, han confirmado que Jiménez ha explicado que el 29 de octubre se recibió un oficio en el que se comunicaba que debían ocuparse de la seguridad del evento, hecho que fue considerado como un error por la responsable policial debido a que eventos similares habían sido cubiertos por la Unidad de Medio Ambiente de la Policía de la Casa de Campo. Por lo que espero hasta el 31 de octubre, el mismo día de la fiesta, para confirmar el oficio a su superior, el subinspector de la Inspección Territorial I, Emilio Rodríguez Corral, que según ha declarado Jiménez, éste le dijo que “se le había pasado” la previsión para organizar el dispositivo. En relación a los refuerzos que Jiménez solicitó antes de que comenzara la fiesta el abogado del Consistorio madrileño ha asegurado que “ella quería que hubiera más gente disponible, pero le dijeron que se arreglara como pudiera”, y el letrado de la familia Langdon ha apuntado que los refuerzos se pidieron también durante la fiesta, pero fueron negados, “pensaba que se necesitaban al menos 50 ó 60 agentes. Por lo menos, unos 20 de paisano para desarticular el botellón”. Ramos ha destacado que “el hecho de que hubiera más o menos policías no influyó” en la tragedia, ya que “no recibieron requerimiento para entrar en el recinto para ver qué pasaba”. Jiménez ha afirmado ante el juez que el nivel de riesgo “jamás” pasó de medio a alto pese a la muchedumbre que se dio cita en los alrededores de Arena”, declaración contraria a la que dieron Monteagudo y Antonio de Guindos, ex delegado de Seguridad. Jiménez ha subrayado también que Monteagudo y Fátima Núñez, ex concejal de Seguridad le pidieron hasta cuatro veces que cambiara el informe de aquella noche para que lo adaptara a “lo que ellos querían”. Núñez Saínz ha aseverado que “el documento del 6 de noviembre (en el que consta el cambio de nivel) es un invento de la Policía Municipal porque no hubo cambio. Sólo hubo dos agentes y un cabo. No hubo mando”. Esta acusación ha supuesto la demanda de una pieza separada por presunta falsedad contra las presionas que emitieron el texto. Según ha confirmado Virginia López Negrete, abogada del sindicato Manos Limpias, la petición de la pieza separada es apoyada por el colectivo que ejerce la acusación popular en el proceso. Por otro lado, Enrique Núñez, portavoz del Gobierno municipal, ha defendido que la cúpula de Seguridad del Ayuntamiento continúe en sus cargos con independencia de su imputación, “una imputación no es una acusación. La condición de declarar como imputado no exime de que puedan prestar sus funciones”, ha sentenciado. El juez Palop consideró el pasado mes de febrero que era necesario tomar declaración en calidad de imputados al inspector jefe de la Policía Municipal, Monteagudo, al ex delegado de Seguridad y actual encargado de la parcela de Medio Ambiente, Antonio de Guindos, a la ex concejal de Seguridad y actual concejal del distrito de Carabanchel, Fátima Núñez, y al doctor encargado del dispositivo médico de la fiesta celebrada el 1 de noviembre, Simón Viñals. Ahora las familias del caso Madrid Arena han denunciado al doctor ante el Colegio de Médico por no atender debidamente a las víctimas, asegurando que vulneró en repetidas ocasiones el código ético médico.