Esta web contiene cookies. Al navegar acepta su uso conforme a la legislación vigente Más Información
Sorry, your browser does not support inline SVG

DEPENDENCIA

Los mayores y los discapacitados también sufren los recortes

Por Aída Menéndez CuestaTiempo de lectura2 min
Sociedad03-05-2013

El CERMI, Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, ha asegurado que la aplicación de recortes en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas supondría "la defunción de la norma y un gran fracaso social". Varias han sido las asociaciones que se han opuesto a las medidas restrictivas del Ejecutivo central planteadas en el Plan de Reformas de 2013.

Asimismo, asegura que "recortar más la Ley constituiría un acto fallido del Estado y de la sociedad en su conjunto, que significaría dejar a su suerte a los segmentos más vulnerables, en términos de derechos y bienestar del país", a lo que ha añadido que el Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia “languidece desde hace muchos meses, por lo que someterlo a nuevas medidas de contención y ahorro sería frustrar las expectativas de atención de cientos de miles de personas mayores con discapacidad que necesitan apoyos intensos para su vida diaria y su autonomía individual". Además, el CERMI protege el desarrollo de la independencia personal y el cuidado de las personas, pues asegura ser “un valor social inmenso que no puede estar continuamente en juego". Por otro lado, reclama la atención de las “Administraciones responsables, del Gobierno central y de las comunidades autónomas”. Por ello, confederaciones como la Cocemfe, Confederación Española de Personas con Capacidad Física y Orgánica, han mostrado su rechazo a las medidas propuestas por Rajoy presentes en el Plan de Reformas de 2013, declarando que se trata de un "nuevo varapalo para las personas más vulnerables y que más necesitan de las administraciones". El recorte se cifra en 1.108 millones de euros, una cifra destinada a la ayuda y cuidado de mayores y discapacitados. Desde Famma, Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid, se han opuesto rotundamente a este restricción, advirtiendo que "se abocaría a miles de personas con discapacidad, y a sus familias, a llevar un nivel de vida precario que alimentaría su exclusión y vulnerabilidad social". Como medidas, las distintas asociaciones, han propuesto planes alternativos relativos al ahorro y la sostenibilidad del SAAD, arriesgando por la autonomía personal y la mejora de las habilidades individuales: "No sólo suponen el mantenimiento o la mejora de la calidad de vida de las personas dependientes, también a la larga son una inversión y un ahorro para la Administración, ya que el aumento del grado de dependencia será menor". Además, proponen que el sistema sea gestionado desde la Seguridad Social para "evitar las actuales desigualdades por territorios".