EDUCACIÓN

Educación para la Ciudadanía, polémica constante

Por Aída Menéndez Cuesta2 min

Sociedad24-04-2013

Un nuevo “opositor” surge tras la polémica con la asignatura Educación para la Ciudadanía. El Consejo de Estado considera oportuno mantener dicha asignatura pues supone el “aprendizaje de los valores democráticos” en los estudiantes de la ESO. Se trata de una “formación ético-cívica” necesaria que a pesar de su importancia ha sido eliminada, en parte, de los planes educativos españoles.

Según ha publicado el diario El País, en el dictamen que fue emitido la pasada semana, el texto incluía lo siguiente respecto a la asignatura Educación para la Ciudadanía: "Acaso procedería imponerla como obligatoria en algún momento, pues han sido numerosos los acuerdos y recomendaciones, suscritas por España, del Consejo de Europa y de la Unión Europea desde 1997 en el sentido de propugnar como objetivos de los sistemas educativos de la Unión el velar por el aprendizaje de los valores democráticos y de la participación democrática con el fin de preparar a las personas para una ciudadanía activa". Dicho dictamen no es de carácter obligatorio, pues el Gobierno podrá optar por su plan de estudios o bien modificarlo. La nueva asignatura se mantendría en los cursos de 3º y 4º de ESO, pero bajo el nombre de Educación Cívica y Constitucional. El anteproyecto, según el informe, debería llamarse “valores éticos y sociales” e impartirse en todos los cursos de Enseñanza Secundaria Obligatoria, cuidando, "el emprendimiento y la educación cívica y constitucional". La polémica asignatura significa la alternativa para todos aquellos alumnos que no deseen cursar la asignatura de Religión. En otro de los dictámenes del Consejo de Estado se alude a la importancia que el mismo Consejo y el Parlamento Europeo ofrecen a la asignatura de Ciudadanía, pues consiste en el aprendizaje de aspectos cívicos y sociales imprescindibles, garantizando conocimientos y actitudes básicos para la vida en democracia, en justicia y en igualdad. Por ello, advierten que "la mayoría de los países europeos incluyen en sus currículos educativos contenidos de formación en ciudadanía democrática y derechos humanos". Por otra parte, el Consejo se mantiene fiel al anteproyecto con respecto a las lenguas cooficiales, como es el caso de Cataluña, Galicia, País Vasco y Comunidad Valenciana. Aceptan que las propias administraciones educativas determinen la “la proporción razonable” de castellano y lengua cooficial. Sin embargo, considera que aquellos centros escolares que no tengan la posibilidad de impartir sus asignaturas en castellano no deberían estar obligados a correr con los gastos de escolarización en aquellos casos donde padres o tutores decidan escolarizar en centros privados a los niños.