CASO FAISÁN

El fiscal acusa de colaborar con ETA a los policías de 'Faisán'

Por Ana Pascual Ases3 min

España19-04-2013

Hasta la fecha el fiscal, Eduardo Torres-Dulces sólo había visto un delito de revelación de secretos, evitaba vincularles con ETA. Pero el supuesto chivatazo a la organización terrorista registrado en el ‘bar Faisán’ de Irún, llevado a cabo por el inspector José María Ballesteros y el ex jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Paimés, y que permitió la huida del aparato de extorsión de la banda terrorista el 4 de mayo de 2006, ha hecho rectificar a Torres-Dulces para imputar a los dos agentes por colaboración con ETA.

El Ministerio Público acusará entonces a los acusados por el chivatazo policial a ETA de delito de colaboración con banda armada, así lo ha recogido el fiscal Carlos Bautista en el escrito de acusación que ha presentado a la Audiencia Nacional. La fiscalía ha sostenido que el inspector Ballesteros fue la persona que entregó el 4 de mayo de 2006 a Joseba Elosua, dueño del bar y enlace del aparato de extorsión de ETA, un móvil con el que Paimés alertó a Elosua de la operación que se iba a llevar a cabo contra ETA. El relato de hecho realizado por el fiscal ha señalado que Paimés tuvo conocimiento de la operación y “decidió obstaculizarlo” para “impedir la detención” del dirigente del PNV Gorka Aguirre, “sin prejuicio de otros fines no debidamente acreditados hasta la fecha.” La fiscalía también ha explicado en su relato que, con el objetivo de “avisar” a Elosua y evitar que en enlace del aparato de extorsión de ETA en Francia, José Antonio Cau Aldanur, cruzara la frontera y recogiera la entrega, Ballesteros aceptó ir hasta el establecimiento “a sabiendas de su carácter ilícito.” Pero una cámara de videovigilancia del equipo que dirigía la operación registró al inspector, tal y como lo reconoció él mismo. El artículo que ha permitido a Torres-Dulces forzar al fiscal Bautista a incluir en el escrito la calificación de colaboración con ETA como “alternativa” a la revelación de secretos es el 25 del Estatuto del Ministerio Fiscal, el cual establece que “el fiscal general del Estado podrá impartir a sus subordinados las órdenes e instrucciones convenientes al servicio y al ejercicio de las funciones.” Los dos acusados trataron de hacer un favor a los implicados en la trama de extorsión de ETA que estaban siendo vigilados, y que iban a ser detenidos cuando pasaran a Francia con dinero de su “recaudación”. Es por ello, que el fiscal ha solicitado para Paimés una pena de dos años de prisión y cuatro años de inhabilitación para la profesión de policía por el delito de revelación de secretos, mientras que para Ballesteros, con el puesto de comisario desde hace un año, ha pedido un año y medio de cárcel y tres de inhabilitación. Por el segundo delito de colaboración con ETA, Torres-Dulce ha pedido cinco años de prisión y once de inhabilitación absoluta para Paimés y para Ballesteros. Tras esta decisión la sala debe fijar fecha para el juicio, que según han afirmado algunas fuentes, podría celebrarse a finales de junio o principios de julio. Por otro lado, la defensa de Paimés ha considerado que la orden del fiscal refleja los “criterios políticos que se están manejando” en este caso, así como, la abogada María Ponte ha asegurado que demostrará la inocencia de su cliente en el caso Faisán, “esperábamos esa calificación, no son culpables y se demostrará su inocencia”. También se ha preguntado por el tema a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que ha eludido dar explicaciones “el Gobierno respeta el procedimiento y lo tenemos analizar”, ha concluido. El 22 de junio 2006 todos los integrantes de la red de extorsión etarra fueron detenidos, pero en ninguno de los registros se hallaron ni los 54.000 euros, ni las cartas de impuesto revolucionario, ni los sellos de ETA que la Policía pensaba que Elousa ocultaba en una lonja a 200 metros del ‘bar Faisán.’