Justicia

El CGPJ rechaza el informe que la ayuda a la banca sea para familias

Por Adriana Robledo3 min

España22-03-2013

Un conjunto de seis jueces organizados por el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han creado un informe donde proponen 18 nuevas medidas para cambiar el sistema de desahucios en España. El resultado de este trabajo ha sido un infrome titulado "Propuestas para agilización y reforma de los procesos civiles" en cuyo anexo, "medidas de protección del deudor frente a las consecuencias de la ejecución hipotecaria" exponen sus propuestas.

Desde que la crisis comenzase, el número de desahucios ha experimentado un incremento del 20’6 por ciento en 2012 en comparación con el mismo periodo de 2011. En conclusión el número total de ejecuciones hipotecarias se sitúa en 350.000. El fin de la creación de este informe pedido por el CGPJ era saber alternativas para la aligerar y cambiar los procesos civiles. Sin embargo, el pasado miércoles el Pleno del órgano de jueces decidió no involucrarse en este trabajo ni asumir ni debatir sin contenidos a expensas de dar explicaciones públicas. El informe tiene una mayor importancia porque quienes lo han realizado son jueces ‘a pie de calle’ y que será enviado a los grupos parlamentarios, asociaciones de consumidores o de usuarios de la banca que lo requieran. Los seis expertos, Angel Galgo, Pilar López Asensio, Enrique García García, María del Mar Hernández Rodríguez, Pablo Quevedo y Pedro Luis Viguer, critcian a los bancos por haber realizado una “mala praxis” y por “ligereza” a la hora de otorgar créditos bancarios sin tener en cuenta las posibilidades del deudor para poder devolverlo. Por otro lado, en cuanto a las participaciones preferentes comentan que "la comercialización irresponsable, cuando no torticera, de productos financieros complejos". El conjunto de magistrados propone que las ayudas que la banca ha recibido del Estado lleguen también a los ciudadanos "que concertaron en época de bonanza económica simplemente para adquirir una vivienda digna, y que tras el estallido de la crisis no pueden pagar" para así evitar la ruina de esas personas junto con su exclusión social y repartir "equitativamente las consecuencias de la crisis económica". Dentro de las 18 medidas con las que el anexo está dotado, destaca la regulación “imperativa” en algunas ocasiones de la denominada dación en pago, es decir, la entrega de la vivienda como forma de pagar la deuda con el banco. Pero recuerdan que el Decreto-Lay creado por el gobierno el pasado nueve de marzo de 2012 en el que estipula un Código de Buenas Prácticas para los bancos no ha tenido los resultados esperados Entre las 18 medidas que proponen, destaca la regulación "imperativa" en determinadas circunstancias de la llamada dación en pago, es decir, de la entrega de la vivienda como modo de extinción del crédito. En ese sentido, recuerda que el Decreto-Ley del Gobierno, de 9 de marzo de 2012, que establece un Código de Buenas Prácticas para las entidades bancarias en relación a las ejecuciones hipotecarias, no ha dado resultados "por las estrictas condiciones para fijar las personas que pueden acogerse a las medidas, lo que supone que sólo un porcentaje muy reducido, en la pobreza más absoluta, puede acogerse a dichos beneficios". El decreto establece que si el banco lo permite la dación en pago se hará efectiva pero la opción de los magistrados es que no sea voluntaria esta elección sino que sea obligatoria en casos excepcionales. Además también piden que las condiciones para poder acogerse a este Decreto sean más amplias pues ahora se requiere que todos los miembros de la unidad familiar carezcan de rentas, y que la cuota hipotecaria sea superior al 60% de los ingresos netos de la familia.