Consejo de Ministros
La baja tasa de natalidad y de mortalidad modifican el sistema de pensiones
Por Chantal Salom
2 min
Economía17-03-2013
Cumpliendo el compromiso del Gobierno, con este Real Decreto-ley se inicia la batería de reformas sociales encaminadas a suplir los tres mayores retos a los que se enfrenta a día de hoy el Gobierno: la lucha contra el desempleo, la sostenibilidad de las pensiones y la sostenibilidad económica del país. La disminución de la natalidad junto con la mayor esperanza de vida de los españoles provocan que el Gobierno se vea obligado a adaptar las leyes para sostener el sistema de pensiones.
Las medidas tomadas por el Gobierno aprobadas a través de un Real Decreto-ley endurecen las condiciones de acceso a la jubilación anticipada y parcial, pero a la vez rebaja los costes a las empresas en los despidos colectivos que incluyan pocos trabajadores de 50 años en adelante y permite combinar salario y pensión con independencia de la jornada laboral, a todos los trabajadores excepto a los funcionarios. La disminución en la natalidad, ligada a la mayor esperanza de vida y a una más tardía iniciación al mundo laboral son las razones que han provocado que el Gobierno tenga que modernizar las leyes para conseguir la supervivencia y sostenibilidad de las pensiones. De hecho, en los últimos cuatro años la tendencia se acentúa. En octubre de 2012, había en España 469.196 bebés a diferencia de los 506.339 que habían nacido en 2009. Asimismo, en 2012 había 4.148.912 mayores de 75 años, mientras que la cifra en 2009 era de 3.920.368 personas que superaban esta franja de edad, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esto obliga a modificar el sistema de pensiones dado que es complicado mantenerlo con una baja natalidad y una baja mortalidad. Por este motivo, el Gobierno se ha comprometido a crear un comité de expertos independientes para estudiar la posibilidad de regular la sostenibilidad de las pensiones, vinculada esta a la esperanza de vida de la población; medida que ya ha sido tomada e implantada en varios países europeos. Ésta es tan sólo una de las diversas novedades de una nueva normativa sobre pensiones que por lo general endurece las condiciones de acceso a la jubilación anticipada y parcial, rebaja los costes de las empresas en los despidos colectivos y permite combinar salario y pensión, con independencia de la jornada laboral, a todos los trabajadores. El Ministerio de Empleo ha cifrado en unos 5000 millones de euros de aquí a 2027, los menores costes que tendrá que soportar el sistema de la Seguridad Social después de que haya aprobado endurecer el acceso a las jubilaciones parcial y anticipada.





