CATALUÑA
El Govern retira las multas lingüísticas anteriores a 2010
Por Ana Pascual Ases
2 min
España13-03-2013
Según declaraciones de Felip Puig, “hemos dado instrucciones para que se allanen todas las demandas (hasta 2010). Es obvio que les damos la razón y, que se retira el expediente sancionador”. La decisión ha llegado después de que un juzgado anulase por primera vez el 1 de marzo una de estas multas lingüísticas. La Generalitat acató lo que establece la sentencia del Tribunal Constitucional del 1 de octubre de 2012, y ahora hace extensiva su decisión.
El Tribunal Constitucional (TC), ha fallado que la normativa relativa a las multas lingüísticas previa al 2010 tenía problemas de “seguridad jurídica”. El fallo ha anulado el artículo 30 del Código de Consumo catalán de 1993 en el que se sustentaba la imposición de la multa al comerciante, pero este fallo no implica que todas las multas lingüísticas a los comerciantes que rotulan en castellano queden anuladas, ya que el Parlament dictó un nuevo Código de Consumo en 2010, que se encuentra recurrido ante el Constitucional, pero que sigue en vigor y permite seguir imponiendo estas sanciones., ya que solventa la carencia de seguridad jurídica. El consejero de Empresa y Empleo ha explicado que “hemos dado instrucciones de que se allanen todas las demandas hasta esa fecha y se retiren todos los expedientes sancionadores”. Pero aún así, en la intervención ante el pleno del Parlamente catalán, ha manifestado que todas las sentencias que ha habido hasta la fecha sobre la materia han avalado las multas, por lo que el Ejecutivo autonómico no tiene intención de modificar su opinión al respecto. Ha defendido la legalidad de las multas argumentando que “espero que esta obsesión que tienen ustedes con el idioma también la planteen en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento europeo, donde todos los países tienen normas de protección de sus respectivas lenguas”. Desde el año 2004, la Generalitat ha impuesto más de un millar de multas a comercios y empresas por motivos lingüísticos, en su mayor parte por no rotular o atender en catalán. Hecho que la diputada de Ciutadans (C’s), Inés Arrimadas, ha calificado como “absolutamente ilegal”, exigiendo que todas las multas lingüísticas sean anuladas y que se cierren todos los expedientes sancionadores que ahora están abiertos. La diputada ha manifestado su posición sobre el tema añadiendo que “son las multas de la vergüenza. Son un atropello a la libertad de expresión. Son un ataque a la democracia”, y ha concluido su intervención pidiendo que se devuelva el importe a todos aquellos que han sido sancionados.