CASO NÓOS

Fianza de más de ocho millones para Urdangarín y su socio

Por Irene Hernández2 min

Sociedad21-11-2012

Los responsables del caso Nóos deberán hacer frente a esta cuantía con dinero o con sus viene y propiedades. Así se lo ha pedido la Fiscalía Anticorrupción al juez Castro. Se considera que esta cantidad sería la que habrían obtenido ilícitamente Urdangarín y su socio Torres en contratos tanto de la Comunidad Valenciana como de Baleares.

Pedro Horrach, fiscal Anticorrupción, ha pedido a José castro, el juez que instruye el caso Nóos, que fije una fianza de casi 8,2 millones de euros para Inaki Urdangarín y Diego Torres, su exsocio en el Instituto Nóos. En el caso de que el juez Castro no admita esta cantidad, la Fiscalía planteará que esta fianza se fije entonces en seis millones de euros, cuantía que aun esta sin justificar en el caso. El abogado de Inaki Urdangarín, Mario Pascual Vives, no ha querido hacer declaraciones ya que dice que no tiene constancia oficial, aunque si que ha afirmado que esta fianza le parece “exagerada”. "Como han salido tantas novedades y tantas especulaciones sobre el caso, al final esto es como el cuento de Pedro y el Lobo", asegura. Todas las investigaciones realizadas apuntan a que Urdangarín y Torres han encabezado una trama a través de la que que habrían hecho con 5,8 millones de euros de fondos públicos. Ambos están acusados de maquinar un entramado de sociedades con el objetivo de hacerse con fondos públicos y privados. Para conseguir esto, fijaban precios desproporcionados a cambio de los servicios ofrecidos a las administraciones. El fiscal defiende que los contratos firmados con Nóos “son fruto de una actividad delictiva premeditada por lo que el resarcimiento de los perjuicios ocasionados a las arcas públicas debe alcanzar la totalidad de los fondos públicos percibidos”. El escándalo estalló a finales de 2011. Urdangarín aprovechó su influencia como duque de Palma para negociar con los gobiernos del PP de la Comunidad Valenciana y Baleares. Logró casi seis millones de euros para organizar distintos eventos. Los dos socios ponían el precio a pagar por las autonomías sin convocar previamente ningún concurso ni someter las tarifas a una auditoria. “Los convenios de colaboraciónson fruto de decisiones administrativas arbitrarias cuya única finalidad es la de beneficiar económicamente a unas personas concretas, obviando deliberadamente la utilidad e interés público que debe presidir cualquier actuación administrativa”, ha afirmado el fiscal. Ambos están acusados de falsedad documental, fraude a la administración, prevaricación y malversación de caudales públicos. La Fiscalía Anticorrupción no descarta pedir al juez que vuelva a citar a declarar a ambos para aclarar nuevos datos encontrados. En este caso se trata de una fianza civil, es decir, que no se utiliza para eludir el ingreso en prisión, a diferencia de la fianza penal.