NUEVO AÑO JUDICIAL
El Rey preside la inauguración del curso judicial
Por Raquel González
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España18-09-2012
En el Tribunal Supremo se ha celebrado, este martes, el acto de Apertura del Año Judicial con la asistencia de Gonzalo Moliner, presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Supremo, de Eduardo Torres –Dulce, fiscal general del Estado y de Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia. Durante la sesión, que ha sido presidida por don Juan Carlos, se han abarcado diferentes asuntos. Por su parte, el fiscal general ha afirmado que utilizará sus “mejores energías” para combatir la corrupción económica y el terrorismo y el presidente del Supremo ha criticado las reformas del Ejecutivo.
El inicio del Año Judicial 2012 – 2013 se ha caracterizado por la presencia de nuevos rostros relacionados con los altos cargos de la Fiscalía, del Ministerio y del Poder Judicial. Por su parte, Eduardo Torres-Dulce, el nuevo fiscal general del Estado, ha criticado el proyecto de reforma del Código Penal que ha anunciado recientemente el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y ha detallado, respecto al aumento de la criminalidad, que “no siempre el agravamiento punitivo es la respuesta adecuada”, además de recordar que el Derecho Penal “no soluciona problemas, simplemente sale al paso de conflictos insolubles en otras instancias”. Respecto a la corrupción, Torres-Dulce ha manifestado que no se puede tolerar “que este fenómeno siga envenenando el funcionamiento de la economía de nuestro país, la integridad de las arcas públicas, la probidad en las relaciones comerciales y el cabal desempeño de las prerrogativas y funciones públicas”. Con la corrupción económica y el terrorismo se mantendrá “tolerancia cero”, según ha señalado el fiscal y se emplearán las “mejores energías” para acabar con “las conductas más activamente corrosivas de los fundamentos de nuestra convivencia”. En relación a las reformas que prepara el Gobierno, el presidente del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner, ha asegurado que se esforzarán para que “en la futura reforma legislativa de la ley orgánica” se mantengan “las líneas básicas de un estatuto judicial acorde con las exigencias constitucionales” y ha reclamado al Ejecutivo que, junto con las formaciones parlamentarias, lleguen a un consenso basado en “criterios de política de Estado en defensa del interés general”.