LEY DE INCOMPATIBILIDADES

El Congreso suspende la discusión sobre la ley que regula las actividades de los cargos públicos

Por Ana María Riaza 1 min

España24-04-2002

Ni el partido en el Gobierno -el Partido Popular (PP)- ni los cuatro grupos de la oposición -Partido Socialista (PSOE), Izquierda Unida (IU), Partido Nacionalista Vasco (PNV), y Grupo Mixto-, se llevaron el gato al agua. La reforma de la Ley de Incompatibilidades, que regula las actividades de los altos cargos en el Gobierno, permanecerá por el momento en el aire hasta que los diferentes grupos parlamentarios logren el máximo consenso, en un momento en que esta ley cobra importancia después del escándalo Gescartera y del caso BBVA.

Así lo decidía el Pleno del Congreso el pasado martes, al aceptar la enmienda presentada por Convergencia i Unió (CIU), que establecía el retraso de la toma de decisiones con respecto a este tema hasta que todos los grupos lleguen a un acuerdo total a través de un análisis pormenorizado de la ley. De esta forma, quedaban obsoletas las proposiciones no de ley que tanto la oposición como el Partido Popular habían presentado con anterioridad. La primera de las propuestas abogaba por la ampliación del ámbito de aplicación de la ley, de forma que en un futuro pudieran quedar cubiertos los supuestos que actualmente están fuera del alcance de la misma. Del mismo modo, la proposición apostaba por clarificar la redacción de algunos de los preceptos que presenta la ley, así como por mejorar la eficacia del régimen sancionador a través de la creación de un organismo destinado únicamente al seguimiento de este tipo de actividades. Por su parte, la propuesta suscrita por los populares establecía la obligación de los altos cargos a declarar, nada más tomar su cargo, las actividades que hubiesen desarrollado los dos años anteriores, y que, al cesar el mismo, comunicasen la variación de su patrimonio durante este período. Esta proposición se haría extensible a senadores y diputados. La Ley de Incompatibilidades se creó hace ya siete años, a fin de evitar que determinados cargos o figuras de la vida política, pudiesen adoptar decisiones sobre empresas concretas, para así pasar a tomar posesión de las mismas una vez finalizados sus cargos.