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JUSTICIA

El coste de las tasas judiciales dependerá de la renta

Por Yanira MartínTiempo de lectura1 min
España16-05-2012

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha manifestado este miércoles, durante su participación en la sesión de control al Gobierno, que el nivel de renta debe determinar el pago de tasas judiciales en segunda instancia y no se debe establecer una distinción entre si el contribuyente es un ciudadano particular o bien se trata de una persona jurídica.

Por otra parte, el diputado socialista, Pablo Martín, ha tachado al ministro de propinar “un golpe de gracia a los trabajadores que quieran recurrir las injusticias contra ellos”. Del mismo modo, aprovechó su intervención para preguntar a Gallardón si es justa la medida de aplicar un copago judicial para todos los ciudadanos españoles. Gallardón, le replicó estableciendo un ejemplo en el que argumentaba que “si una persona física tiene unos ingresos superiores a los100.000 ó 200.000 euros debería estar exenta por el mero hecho de ser considerada una persona física”. El ministro cree que este asunto es cuestionable y pretendía defender, mediante sus argumentos, la aplicación del copago para evitar entrar en contradicciones. Por otro lado, el ministro subrayó que las tasas judiciales fueron mantenidas y ampliadas por el PSOE, sin embargo, en estos momentos, los recursos que se obtengan de ellas serán dirigidos a financiar la Justicia gratuita para que aquellos que dispongan de más medios ayuden a subvencionar el derecho a la tutela judicial de los que no cuentan con tantos recursos. En cuanto a las tasas, otro elemento de polémica, el presidente del Consejo General de Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, y el presidente del CICAC, el organismo que regula la abogacía catalana, Pedro Yúfera, consideran que se trata de un elemento que “resquebraja el derecho a la defensa”, por lo que se oponen rotundamente a esta medida. Por otra parte, por lo que respecta a la reforma de la Ley de la Planta, Gallardón ha insistido en que el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que reduce a la mitad los partidos judiciales, no es un proyecto del Gobierno. “El criterio del Gobierno será el que exprese el grupo de trabajo”, aseguró.