DÉFICIT PÚBLICO

Andalucía, única comunidad que se opone al plan del Gobierno

Por Alberto Carretero Aguado2 min

Economía06-03-2012

El Gobierno ha establecido una reducción del déficit desde el 2,9% registrado al cierre de 2011 al 1,5% en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado este martes. Junto a esta reducción, el Ejecutivo ha presentado un nuevo programa de estabilidad presupuestaria. Estas medidas han recibido el apoyo de todas las comunidades autónomas, con la excepción de la abstención de Cataluña y Canarias, así como la oposición de la Junta de Andalucía.

Todas las comunidades gobernadas por el Partido Popular han votado en bloque para un recorte global que suman alrededor de 15.000 millones de euros. Con esta reducción al 1,5% del déficit autonómico este año, se podría cumplir con el nuevo programa de estabilidad del Gobierno, que tiene la intención de reducir el déficit público del 8,5% de 2011 al 5,8% en 2012. La comunidad catalana ha votado en contra de la medida al ser una de las comunidades que más tendrán que recortar, alrededor de 4.400 millones de euros. Estos recortes se sumarían a los que ya ha realizado Artur Mas, que ascienden a 2.800 millones de euros. Carmen Martínez Aguayo, consejera de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta de Andalucía, ha defendido el voto en contra a la reducción del déficit desde el 2,9% registrado al cierre de 2011 al 1,5 por ciento que les ha marcado el Gobierno, argumentando que es “inadecuado e insensible” con las comunidades autónomas, las que prestan los servicios básicos. Además, ha subrayado que “no es razonable” que las comunidades únicamente vengan a participar en un 40% del objetivo de déficit, teniendo en cuenta que son las responsables del 60% de los gastos estructurales, como Sanidad, Educación o Dependencia. González Ortiz, consejero de Economía, Hacienda y Seguridad del Gobierno de Canarias, ha declarado al finalizar la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que el Estado obliga al Canarias a firmar un “cheque en blanco” y un “compromiso a ciegas” al “imponer” un objetivo de déficit sin dar a conocer el recorte que ejecutará en los ingresos y sin “aclarar” sus decisiones en el ámbito de los servicios públicos esenciales. El consejero también ha puesto en cuestión la importancia que concede el Gobierno central al sostenimiento de los servicios básicos, calificando de “ilógico” que solicite a las comunidades autónomas que carguen con el peso de los recortes. González Ortiz ha apoyado sus argumentos diciendo que las autonomías tienen transferidos estos servicios y están en “la obligación legal de prestarlos”.