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LUCHA ANTITERRORISTA

La ilegalización de Batasuna, principal objetivo del PP

Fotografía Ángel Acebes y Alfredo Pérez Rubalcaba en la última reunión del Pacto Antiterrorista, que acordó la reforma de la Ley de Partidos

Ángel Acebes y Alfredo Pérez Rubalcaba en la última reunión del Pacto Antiterrorista, que acordó la reforma de la Ley de Partidos

Por Cristóbal Cabezas MartínTiempo de lectura2 min
España07-04-2002

La nueva Ley de Partidos, ahora en borrador, permitiría que, si un juez lo decide, pueda ser ilegalizada una formación política de determinadas características. Se podría, así, acabar contra quienes, desde un calculado mutismo, comparten los criterios y promocionan la acción de la violencia terrorista desde una formación política.

Éste es el objetivo que se ha fijado el Partido Popular, que no está dispuesto a dar ni un solo paso atrás en su apuesta por la ilegalización de la formación abertzale Batasuna. Y, aunque con críticas que persiguen sobre todo la simpatía del electorado, es un objetivo que el Partido Socialista comparte también. A raíz de los últimos acontecimientos, Batasuna ha iniciado los trámites para modificar su denominación en el Parlamento de Vitoria para así evitar la ilegalización del partido. Al igual que en Navarra, la formación de Arnaldo Otegi desea cambiar su actual nombre en ambas Cámaras, variación que sería la tercera en los últimos cuatro años. Por este motivo, la idea de los populares conlleva también el que no se pierda ni un minuto ante la posibilidad de actuar desde el punto de vista político contra la formación abertzale, a la que acusa de apoyar a la organización terrorista ETA. Del mismo modo, los diputados y senadores del PP promoverán la ilegalización de Batasuna en cuanto esté en vigor la reforma de la Ley de Partidos que prepara el Gobierno –y que presentó antes en la Comisión de Seguimiento del Pacto Antiterrorista- . Esta ley contemplará la previsión legal de un posible cambio de denominación de la formación q Sin embargo, el Partido Socialista (PSOE) ha cuestionado que deban ser el Ejecutivo o las Cortes –50 diputados o 50 senadores- quienes promuevan la ilegalización, y prefiere dejar esa labor a instancias judiciales o al fiscal general del Estado. El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, indicó que la "primera y última palabra" sobre la ilegalización de una organización debe corresponder al Poder Judicial, que supone que es la de “menor color político”. Se niega a que el Partido Popular quiera “imponer” una reforma legal que afecta a la lucha antiterrorista. Por su parte, Javier Arenas, secretario general del PP, afirmó que la soberanía reside sobre todo en el Parlamento, y que "el primer día que esté en vigor la nueva Ley de Partidos, los diputados y senadores del PP instarán el proceso de ilegalización de Batasuna. (...) Lo haremos ese primer día, en defensa de la libertad y la democracia", remarcó. El presidente del Gobierno, José María Aznar, simplemente, considera que Zapatero se equivoca.