Caso Faisán

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional pide que el `caso FaisánŽ vaya a Irún

Por Caterina Crespo3 min

España20-09-2011

El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha celebrado una vista este martes por la tarde para estudiar si este tribunal es competente para juzgar el caso por el chivatazo a la banda terrorista ETA que se produjo el 4 de mayo de 2006 en el bar Faisán de Irún (Guipúzcoa). Según la última información de Europa Press, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, ha pedido al Pleno de la Sala de lo Penal que remita la causa sobre el chivatazo a ETA a un juzgado de Irún (Guipúzcoa), al entender que los tres procesados no tenían la intención de "ayudar" a la banda terrorista sino que perseguían "otras motivaciones".

En la vista se han estudiado los recursos de las defensas contra el auto de procesamiento dictado por el juez Pablo Ruz, que ha defendido que los hechos deberían ser tipificados como un delito de revelación de secretos o encubrimiento, que el Código Penal castiga con hasta tres años de cárcel, y no como un acto de colaboración con organización terrorista, penado con un máximo de diez. El tribunal ha estado formado finalmente por 14 magistrados, ya que la juez de la Sección Tercera Ángeles Barreiro ha tenido que ausentarse por el fallecimiento de un familiar. Los miembros de la Sala comenzarán a deliberar a partir de este miércoles en sesiones de mañana y tarde. Si fuera necesario, el debate y la votación continuarían durante el jueves y el viernes y se plasmaría en un auto del que, en principio, sería ponente el magistrado José Ricardo de Prada. La conversación del caso Faisán fue interceptada el día del soplo mediante una baliza colocada en el coche de Elosua cuando el dueño del Faisán cruzaba la frontera para alertar al presunto etarra José Antonio Cau Aldanur de la existencia de una operación contra el aparato de extorsión de ETA. En ella le confesaba a su yerno que una persona había entrado en su bar y le había facilitado un teléfono con el que un "compañero" le había advertido del dispositivo policial y le decía que le informaba para "no fastidiar todo el proceso". En la causa se encuentran procesados desde el pasado 13 de julio el exdirector general de la Policía Víctor García-Hidalgo, que habría ordenado el chivatazo; el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés, que lo habría llevado a cabo; y el inspector José María Ballesteros, que se habría desplazado hasta el Faisán. El juez instructor cree que el soplo impidió la detención de miembros de la banda terrorista ETA y permitió su financiación a través de la extorsión a empresarios. El futuro del caso Faisán está en manos de todos los jueces que componen la Sala de lo Penal a excepción de la mencionada Barreiro, del presidente de la Sección Tercera, Alfonso Guevara, y de los jueces Guillermo Ruiz Polanco y Clara Bayarri, que comunicaron su intención de apartarse de la causa para no quedar contaminados, ya que les correspondería juzgar los hechos en una futura vista oral. Durante la vista, a puerta cerrada en la sede que la Audiencia Nacional tiene en el municipio madrileño de San Fernando de Henares, las defensas de los tres procesados han expuesto los argumentos de los recursos que han planteado contra el auto de procesamiento que dictó el juez Pablo Ruz el pasado 13 de julio. Como resultado de la instrucción, que se ha prolongado durante casi cinco años, el magistrado imputa a los tres los delitos de colaboración con organización terrorista o encubrimiento, penados con hasta diez años de cárcel, y el de revelación de secretos, que el Código Penal castiga con tres.