Economía

Las comunidades autónomas tienen una deuda de casi 19.000 millones de euros

Por Caterina Crespo3 min

Economía26-07-2011

Este miércoles las autonomías deberían asumir, en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, su obligación de devolver la deuda. Las autonomías en su mayoría, apoyadas por Mariano Rajoy, ya han empezado a pedirle al Gobierno central que se les de más tiempo, pues la crisis en todas ha afectado considerablemente. Desde el PSOE esta decisión se ha tomado como un castigo y una burla a la gestión del PP, que lidera la mayoría de comunidades y de provincias. A estas críticas se ha asumido la culpa como es en el caso de Madrid con Esperanza Aguirre, sin embargo, en la gran mayoría, como en el caso de Castilla la Mancha, Extremadura o Baleares, se ha recordado que la gestión hasta el pasado 22 de Mayo la ha llevado desde hace cuatro o incluso dieciséis años el PSOE. De hecho el PP, deberá responder a la deuda pública de 11 comunidades autónomas: Galicia, Cantabria, La Rioja, Castilla y León, Madrid, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia, Aragón y Baleares. El PSOE, por el contrario, sólo llevará un consejero a la reunión, el de Andalucía. Pero lo más seguro es que la petición de aplazar el pago de la deuda caerá en saco roto.

El secretario de Estado de Hacienda, Juan Manuel López Carbajo, ha asegurado este martes que el acuerdo alcanzado con las comunidades autónomas sobre la devolución de los adelantos a cuenta ya es "generoso", y ha dicho que "no hay razón" para volver a aplazarlos, como ha solicitado Rajoy. Volver a aplazarlos, porque hace un año el Gobierno se echó un cable al aplazar un año el pago de la deuda. López Carbajo ha explicado que las normas de pago ya "están en la ley" y que cuando la liquidación es positiva, el Estado paga "a tocateja", mientras que las comunidades tienen hasta seis años, por lo que no habría por qué introducir cambios: "Me parece que no hay razón para modificar el sistema". En concreto, la liquidación negativa aplazada de las comunidades alcanzó los 18.736,46 millones de euros en 2009. Tras la moratoria, las comunidades podrán empezar a devolver los adelantos en 2012. Según añadió, este saldo negativo en 2009 se explica no por un mal resultado de la reforma de la financiación autonómica, sino por una caída de los ingresos tributarios autonómicos superior al previsto, que provocó que las aportaciones anticipadas eleven el saldo negativo de dichas comunidades. El vicepresidente segundo y de Política Territorial, Manuel Chaves, ha criticado las actuales "tendencias renacionalizadoras" y ha ido más allá al acusar al Partido Popular de "no haber creído nunca en el Estado de las autonomías" en medio del agrio debate sobre las cuentas autonómicas que, precisamente, enfrentarán mañana miércoles, en el Consejo de Política Fiscal, a la vicepresidenta económica Elena Salgado con los consejeros de Economía y Hacienda, en su mayoría populares, ante la consecución del déficit fijado por Bruselas. Chaves ha dicho que si es el Gobierno el que propondrá una regla de gasto para las autonomías son éstas las que tienen plena autonomía financiera para decidir de donde recortan o no. "La responsabilidad es del Gobierno autonómico", ha puntualizado. La deuda de algunas autonomías está derivando en esas "tendencias renacionalizadoras" pero las autonomías en sí "no son un problema para cumplir con el objetivo de déficit". Otro de los asuntos que se tratarán mañana en el Consejo será la propuesta del Gobierno para que las comunidades asuman la regla de gasto establecido para el Estado. Por ahora, en la primera reunión que han mantenido, Juan Vicente Herrera, presidente de Castilla y León, ha declarado que; la reunión se ha saldado con un «sí a la estabilidad presupuestaria; un sí al compromiso del techo de gasto, pero una exigencia al Estado para que cumpla con sus obligaciones, puesto que está incumpliendo la ley». «En Castilla y León, el Gobierno sólo ha financiado en 2010 el 17% de los servicios de dependencia en lugar del 50% al que se comprometió». Por su parte, el presidente de Cantabria, Ignacio de Diego, ha apuntado que el Gobierno debe afrontar una «revisión del modelo». Varios de los asistentes han sacado a colación el montante de facturas impagadas que han descubierto al llegar a tomar posesión del Gobierno. De Diego ha calculado en 445 millones lo que él ha definido como un «agujero no asumible».