POLÉMICA SGAE

Nueve detenidos en la “operación Saga” y continúan las investigaciones

Por Rocío Linares2 min

Cultura01-07-0111

Registro a la SGAE. El presidente del Consejo de Dirección, Teddy Bautista y ocho personas más se encuentran detenidas por un presunto desvío de fondos y apropiación indebida. Fuentes de la investigación han confirmado a medios de comunicación que la sociedad estaba recaudando dinero en concepto de derechos de autor entre los que residían fuera de España, que no recibían su parte correspondiente, porque los implicados desviaban el dinero a Suiza.

Están implicados tres miembros de la entidad, e l director general, el financiero y el de la filia digital, la Sociedad Digital de Autores y Editores (sDae), José Luis Rodríguez Neri, que según la investigación es el máximo responsable. Su mujer y su cuñada también están acusadas y el resto están relacionados con la empresa Microgénesis, una de las principales sociedades implicadas en la trama en la que una estructura societaria paralela servía para desviar fondos de la SGAE. "En el marco de la investigación igualmente están incursas algunas de las entidades dependientes de la Entidad de Gestión de Derechos de Autor, así como algunos de los componentes de su cuadro directivo", según un comunicado de la Guardia Civil. La operación empezó en 2007 En el mes de noviembre de 2007, la Asociación de Internautas, laAsociación de Usuarios de Internet, la Asociación Española de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías (APEMIT) y la Asociación Española de Hosteleros Víctimas del Canon(VACHE) presentaron una denuncia a Anticorrupción que se basaba en la aparición en varios medios de comunicación de varias "supuestas ilicitudes cometidas en la gestión económica de los recursos de la SGAE". En concreto, denunciaban la creación de una trama societaria de empresas filiales en torno a la Sociedad Digital de Autores y Editores (SDAE) que invertía la recaudación en concepto de derechos de autor con fines lucrativos para las mismas. Según estas asociaciones, la entidad denunciada incumplía, de esta forma, "el mandato legal que le exige que el reparto de los derechos recaudados se efectúe equitativamente entre los titulares de las obras o producciones utilizadas, pues supuestamente se estaría destinando dicha recaudación a mantener empresas privadas, que lo son de sus socios y que además envuelven un ánimo de lucro prohibido expresamente por ley". Declaraban que se podían considerar como delitos de apropiación indebida, estafa y fraude de subvenciones y que también se podrían pedir responsabilidades al Ministerio de Cultura como "principal fiscalizador de este tipo de asociaciones". La Guardia Civil ha estado investigando el caso desde 2008 y la Agencia Tributaria y de la Intervención General del Estado adscritos a la Fiscalía Anticorrupción, denunció los hechos en marzo de 2010. Durante la primera hora de la tarde del 1 de julio, los agentes del Instituto Armado empezaron a sacar información del edificio de la entidad, el Palacio de Longoria y el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz dirige la operación y decidirá si los nueve imputados pasarán a disposición del juez a la luz de la investigación sobre el material incautado y los interrogatorios.