ANTITERRORISMO

Las actas de ETA demuestran que el Gobierno intentó pactar con los terroristas

Por Caterina Crespo3 min

Sociedad29-03-2011

Alfredo Pérez Rubalcaba cuando se proponía a comparecer ante la Comisión de Interior para explicar el descenso de las cifras de criminalidad se encontró con que el PP sacaba a relucir el presunto chivatazo a ETA durante el proceso de paz en 2006. Las actas de ETA demuestran todas las irregularidades que el Gobierno ha realizado para pactar con la banda terrorista, concediéndoles ventajas a cambio de un fin de la banda. Un punto y final al terrorismo.

El 20 de mayo de 2008, la Guardia Civil detuvo en Burdeos a Francisco Javier López Peña, Thierry, jefe del aparato militar de ETA que participó en las conversaciones con el Gobierno para el fin del terrorismo entre el verano de 2006 y mayo de 2007. Thierry guardaba sus actas sobre aquellas conversaciones, que fueron incautadas por la Guardia Civil. Lo que Thierry transcribe en sus actas prueba algunas cesiones que el Gobierno hizo a ETA, órdenes a la Policía y la Guardia Civil para que no hubiera detenciones; dejar en libertad a presos de ETA enfermos; prometer reformas jurídicas para favorecer a reclusos de la banda aunque en muchas ocasiones, esas cesiones no fueron completas. Ha salido a la luz cómo el Gobierno dialogó con ETA a la vez que el Partido Socialista de Euskadi lo hacía con Batasuna. Aparentemente si no se llegó a un acuerdo fue porque los socialistas se negaron a aceptar que cuatro provincias (Navarra y las tres de Euskadi) tuvieran un Estatuto que les reconociera el derecho a decidir, como pedía Batasuna. Mientras los etarras denunciaban los continuos incumplimientos del Gobierno, los representantes del Gabinete reprochaban a ETA que no cesaran las cartas de extorsión o el rearme, en relación con un robo de pistolas en Francia que se produjo en plena negociación. Las actas de ETA publicadas demuestran que el presidente del Gobierno tuvo una parte muy activa en las negociaciones antes, durante y después del alto el fuego de ETA en 2006. Los primeros contactos con ETA se producen casi un año antes de que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, autorice el diálogo tras verificar el alto el fuego. Este apelativo aparece en los documentos en un momento decisivo: después del atentado de la T-4 en Barajas, cuando todo el mundo daba por rotas las negociaciones. Además hay hechos muy claros como el 12 de febrero de 2007, fecha en la que el Tribunal Supremo rebajó la condena a De Juana Chaos (por amenazas terroristas en un artículo publicado en el diario Gara) a tres años de cárcel. Reacciones El PP ha lanzado una ofensiva política contra Alfredo Pérez Rubalcaba sobre terrorismo, recordando la anterior legislatura, cuando la lucha contra ETA fue el centro de oposición política. Ha recordado el caso Faisán, el supuesto chivatazo a ETA que impidió en 2006 una operación policial contra el aparato de extorsión de la banda. Por su parte el vicepresidente y ministro del Interior ha asegurado que quiere mantener la unidad contra ETA y que lo más importante es mantenerse ahora unidos y no caer en trampas políticas. Además ha reconocido que está orgulloso de la labor que están desempeñando pues desde el alto el fuego en enero se han detenido a 31 presuntos etarras. Además todo se hizo según Rubalcaba para que no volviera a suceder lo mismo que en 1998. Lo cierto es que la Constitución española no acepta las negociaciones ni ningún tipo de trato o acuerdo entre el Gobierno y las bandas terroristas. Rajoy, ha calificado de "bochornoso" el papel desempeñado por el Gobierno en el marco de sus negociaciones con ETA y ha denunciado que el Ejecutivo ha actuado al margen de la Ley. Ha apelado a que con los terroristas no se negocia sino que se les gana con la Ley y el Estado de Derecho. Soraya Sáenz de Santamaría ha añadido que Rubalcaba debe contestar qué pasó en el bar Faisán y qué relación tiene con el proceso de negociación con ETA. El portavoz del PP en la Comisión de Interior del Congreso Ignacio Cosidó ha acusado al vicepresidente de "vulnerar el Estado de Derecho" y de mentir en sede parlamentaria. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha asegurado que en cualquier otro país el conocimiento de lo que se ha publicado sobre la negociación con la banda terrorista supondría la dimisión en bloque de todo el Gobierno. Solo PNV y CIU han rechazado la estrategia del PP y han defendido la política antiterrorista del Gobierno.