INICIATIVA CIUDADANA

La UE aprueba que los europeos puedan promover leyes

Por Marta J. Funes2 min

España14-12-2010

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea han aprobado la Iniciativa Europea Ciudadana, una nueva herramienta prevista por el Tratado de Lisboa que dará la oportunidad a los ciudadanos europeos de presentar propuestas legislativas, siempre y cuando cuenten con la firma de apoyo de un cuarto de los estados miembros, en lugar de un tercio como solicitaba Bruselas o un quinto como pedía el Parlamento.

Esta novedosa propuesta fue incorporada en el Tratado de Lisboa con el fin de fomentar la participación de los ciudadanos en el proceso europeo. “El Tratado de Lisboa ha introducido una nueva dimensión de democracia participativa en paralelo a la democracia representativa en la que se funda la Unión Europea con el objetivo de acercar a los ciudadanos a la UE fomentando un debate más transfronterizo sobre las cuestiones de la UE”, declaran los Veintisiete en el texto de conclusiones adoptado por el Consejo de Asuntos Generales en el que respaldan la propuesta. La ministra española de Asuntos Exteriores y Cooperación, Trinidad Jiménez, ha recalcado la importancia y necesidad de la iniciativa, que permitirá a los ciudadanos sentirse “más implicados” en el proceso de construcción comunitaria. El reglamento solo será válido pasado el año de su entrada en vigor. Esto permitirá a los estados miembros y a la Comisión Europea tomar las medidas que sean convenientes para poder aplicarlas. El pasado 30 de noviembre, tras un previo periodo de negociación, la Eurocámara, el Consejo y la Comisión llegaron a un acuerdo y cerraron la propuesta, destacando la necesidad de la existencia de un “comité ciudadano” que contase por lo menos con siete estados miembros para presentar una iniciativa. El Ejecutivo comunitario será el responsable de garantizar que la propuesta sea sometida a una audiencia pública y que cuente con un “seguimiento”. Una vez que la iniciativa sea aprobada, los organizadores dispondrán de un plazo de un año para juntar un millón de firmas, que pueden aparecer de forma impresa o por vía electrónica, ya que, con el objetivo de evitar abusos, cada Estado miembro se encargará de verificar la autenticidad de las firmas procedentes de sus nacionales y la Comisión Europea tendrá que facilitar a los organizadores de cada una de las propuestas una guía con la metodología y punto de contacto. El reglamento se revisará pasados tres años, en lugar de cinco, como había propuesto Bruselas.