TRIBUNALES

Se reanuda el juicio por el `caso MalayaŽ en Málaga

Por Bianca Dennehy4 min

España13-12-2010

El juicio del caso Malaya, sobre la sobre la corrupción urbanística e institucional en Marbella (Málaga), se ha reanudado en Málaga. La vista oral comenzó con la declaración del abogado acusado Juan Germán Hoffmann que ha afirmado que "no tenía ni la intención ni el conocimiento de que tuviera una influencia decisiva" en el convenio urbanístico para desarrollar la operación Crucero Banús. Lo que sí ha concretado es que Juan Antonio Roca, presunto cerebro de la trama, era uno de los socios de la entidad que se formó para comprar los terrenos y que recibía un 15 por ciento de las acciones que se llevaban a cabo.

La vista oral se ha retomado con las declaraciones de los implicados en el sector de blanqueo de capitales, entre los que destaca, además de Juan Antonio Roca y Juan Germán Hoffmann, el que era primer teniente de alcalde marbellí Pedro Román, su hija Pilar y el ex comisario Florencio San Agapito. Se ha previsto que Juan Antonio Roca tome declaración tras la intervención de otros tres procesados, que son el tasador José Mora, el empresario José Ávila Rojas y el ex alcalde Julián Muñoz. En esta trama de corrupción urbanística, Pedro Román "se concertó" con Roca, San Agapito y Hoffman "para adquirir una determinada parcela sobre la que se conseguiría, con un convenio, un incremento de edificabilidad, con objeto de revenderla, garantizándose un beneficio económico muy superior al que resultaría de la reventa en el mercado", según manifestaba la Fiscalía Anticorrupción. Asimismo, el perjuicio para las arcas municipales es de aproximadamente cinco millones de euros, mientras que los acusados lograron aglutinar un beneficio de más de seis millones de euros. Además Hoffmann está acusado de dos delitos de blanqueo de capitales por los que el fiscal pide siete años de prisión y multa de 102,6 millones de euros y un delito contra la Hacienda Pública, por el que pide el ingreso en prisión por un periodo de tres años y la suma de 460.000 euros de multa. Hoffmann era el encargado de la estructura societaria en el extranjero de Roca, a pesar de negar la relación de amistad o de negocio con el cerebro de la trama de corrupción, Roca, ya en 2001 cuando comenzaba esta operación inmobiliaria y las acusaciones contra él y los demás implicados. Hoffmann aseguró que se conocían "básicamente de hola y adiós". Hoffmann también comunicaba que desconocía las actividades delictivas de Roca, destacando que "no se podía tener ninguna, ni siquiera había sido imputado en ningún caso". A pesar de ello, los informes han confirmado su participación en la trama y colaboración con Roca. A su vez Hoffmann indicó que con respecto a Román tampoco tenía conocimiento respecto a antecedentes penales o actividades delictivas y añadía que le daba "todas las confianzas", ya que lo conocía de haber hecho anteriormente otras operaciones. También especificaba que poseía relación con él "por su actividad empresarial, pero no política", agregando que cuando Román era concejal no tenía "ningún" tipo de vinculación. Hoffman indicaba que en cuanto a la operación Crucero Banús, que fue adquirida por cuatro millones de dólares lo que equivalía a 4,3 millones de euros de ese momento, fue “la imposición del vendedor” la que hizo que constase a un precio menor. Según lo señalado por la acusación pública, el convenio urbanístico con la Corporación municipal permitió un aumento de edificabilidad de 532 a 11.406 metros cuadrados de techo. Hoffmann reconoce este dato a pesar de asegurar que no fue el autor de ese convenio. Sobre este acuerdo apunta que lo más probable es que Román negociase con Roca o alguien del Ayuntamiento como Jesús Gil, aunque comparte que este dato “no lo sabe a ciencia cierta” ya que Román se mostraba discreto ante las gestiones y negociaciones sobre el suelo. Con respecto al aumento de la edificabilidad del suelo argumenta que "no sé cómo se llega ni con quién se negoció" y que desconocía los detalles cuando entró a formar parte de la sociedad con un siete por ciento. Añadía que tampoco entendía la reducción del aprovechamiento urbanístico que le correspondía al Ayuntamiento, que pasó de 5.442 a 2.400 metros cuadrados, según la acusación. Destacó que creía que la edificación fue paralizada "porque probablemente no se ajustaba a la legislación urbanística que se consideraba vigente en aquel momento, pero el caos era total". El Ministerio Fiscal añade que la operación fue posible gracias a la habilidad demostrada por Román Roca, San Agapito y Hoffman, que constituyeron una sociedad en Suiza, a la que se le asigna la compra las participaciones de la entidad titular de los terrenos. Posteriormente el 90 por ciento de esta sociedad se traspasaba a dos empresas tituladas por José Ávila Rojas. Hoffmann indica que no recuerda quién le recomendó a este empresario. Sobre la repartición de los seis millones de beneficios sostiene que "se hace en Suiza, que es el domicilio de la sociedad" y que no sabe si se llegó a hacer un reparto de dividendos formalmente, "creo que no". Él explicaba que no tuvo implicación alguna en la constitución de las fundaciones, donde los acusados se repartieron dinero. A pesar de ello, admite que tenía poder en la fundación Melifero vinculada a Roca. "Tenía poder para disponer de los fondos, pero administrar, lo hacía el banquero", admitió Hoffmann. Hoffmann al ser cuestionado por los tres cheques que iban destinados a la inversión en la operación de Roca, se defiende asegurando que desconocía que ese dinero tuviera fines delictivos por dos razones; en primer lugar "porque eran cheques bancarios" y en segundo lugar "porque me pareció que era la cantidad que tenía que aportar, por lo que, no le das la mayor importancia". Además, esos “cheques bancarios se ingresaron en Suiza” dato que supuestamente indicaría que ese dinero pasaría por unos controles de blanqueo de capitales por parte de los bancos suizos implicados.