POR SUPUESTA PREVARICACIÓN

El juez Garzón se expone a una sanción de 12 a 20 años de inhabilitación

Por Alejandro Serrano3 min

España08-04-2010

Según ha resuelto el magistrado Luciano Varela, esperará a que la decisión sea firme ya que Garzón podría presentar un recurso para hacerla llegar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Varela ha transformado las diligencias en un procedimiento abreviado y da un plazo a las partes (Manos Limpias, Falange Española de las JONS y Libertad e identidad) para formular un escrito de acusación. El auto admite recurso, aunque todos los presentados hasta la fecha han sido rechazados por el Supremo y su interposición no paralizaría el proceso.

Varela ha dado el único paso que le faltaba para sentar al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en el banquillo de los acusados por la instrucción del caso sobre los desaparecidos de la Guerra Civil y el franquismo (“causa de las fosas”). La querella por prevaricación en la llamada “causa de las fosas” contra Garzón, admitida a trámite el 27 de mayo de 2009, fue interpuesta por el sindicato de funcionarios Manos Limpias y posteriormente se adhirieron a la misma la asociación Libertad e Identidad y también Falange Española y de las JONS. Desde el sindicato de Manos Limpias, aseguran que si este juez es condenado se extirpará “el cáncer de la Justicia española". El magistrado está acusado en este procedimiento por un delito de prevaricación, lo que podría suponerle una inhabilitación de entre 12 y 20 años. El juez Garzón también está sumergido en dos querellas más por prevaricación en el Tribunal Supremo. Una de ellas, relacionada con los cobros recibidos durante la organización de unos cursos en la Universidad de Nueva; y la última, le cayó por las escuchas a la red Gürtel. El instructor rechaza todas las pruebas pedidas por Garzón. En concreto, deniega el testimonio de juristas internacionales que declaren sobre su persecución en los crímenes contra la Humanidad, porque considera que sería una "desconsideración" a la Sala Penal del Supremo y a los letrados de las acusaciones "acudir a la opinión de otros juristas". Garzón “intentó asumir el control de las localizaciones y exhumaciones” de las víctimas del franquismo, insistió Varela. En cuanto al abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, ha manifestado que recurrirá la transformación del procedimiento en abreviado directamente en apelación ante la Sala por considerar inútil hacerlo ante el propio instructor. En su recurso impugnará la denegación de las pruebas, insistirá en que la sala no ha contestado a los argumentos de su anterior recurso de apelación y discutirá que la sala no contestase a sus argumentos para no contaminarse, puesto que, en su opinión, ya está "contaminada". Tras conocer esta información, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, no quiso opinar y se limitó a recordar que es al CGPJ a quien corresponde tomar la decisión de suspender o no de sus funciones al juez de la Audiencia Nacional."Es una decisión del Consejo y a ellos les corresponde decidir una vez vean cuál es la incidencia que tiene este asunto y cuál es su repercusión. Y, en función de ello, deberán aplicar las leyes que sí establecen sustancialmente en qué casos se debe proceder a la suspensión", recalcó el ministro de Justicia. La reacción en las calles no se ha hecho esperar. Entre las que están a favor, se produjo una concentración espontánea a favor del juez. La Asociación para la recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), ha querido dejar constancia del "agravio" que en su opinión supone esta decisión para las víctimas de la dictadura franquista, al mismo tiempo que Garzón "aleja al Poder Judicial español de la Justicia y lo coloca en un lugar más cercano a la política, al incumplimiento del derecho humanitario y a algo parecido a una caza de brujas". Pero en sentido contrario también se hallan páginas y grupos. Un ejemplo es el 'Juez Garzón: presunto delincuente' que, vistas las cifras de adhesión, está lejos de los números de la otra vertiente. Por último, será el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el que decida sobre la suspensión cautelar del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en la sesión plenaria que está prevista para el próximo 22 de abril. Así lo han informado a Efe fuentes del órgano de gobierno de los jueces, que indicaron que será el pleno del Consejo y no la Comisión Permanente la que finalmente resolverá sobre esta medida.