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CASO GÜRTEL

El sumario revela que no hay financiación ilegal en el Partido Popular

Por Gracia PaulaTiempo de lectura2 min
España07-04-2010

La investigación del caso “Gürtel” ha implicado de lleno al Partido Popular de la Comunidad Valenciana y prácticamente a toda su cúpula. El caso empezó por señalar al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y al 'número 2' del PP valenciano, Ricardo Costa. Ambos tuvieron que prestar declaración ante el juez por haber recibido, presuntamente, varios trajes pagados por la empresa Orange Market, empresa que dirige Álvaro Pérez, apodado “el Bigotes” y que organizó varios eventos para el Partido Popular, entre otros el montaje de su expositor en FITUR.

El levantamiento del secreto de sumario confirma que se investiga la financiación del PP valenciano. Álvaro Pérez, responsable del entramado en Valencia fue detenido en Valencia y se le ha fijado una fianza de 650.000 euros. El magistrado José Flors asumió la investigación de la rama valenciana del 'caso Gürtel', tomó declaración a Camps y a Costa como imputados. Practicó diferentes diligencias y finalmente, en julio de 2009, concluyó que existían "indicios racionales" de un supuesto delito de cohecho pasivo. Un mes después, la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJCV estimó que no había relación "directa" entre el pago de las prendas y los regalos que recibieron los imputados, condición a su juicio para que haya cohecho pasivo, y decretó el libre sobreseimiento de la causa. Lo que ha llamado la atención es la gran cantidad de regalos que Orange Market realizó a Francisco Camps o Ricardo Costa. En el sumario se desvela que hasta ocho consejeros de la Generalitat, cuatro altos cargos, y decenas de miembros de la administración autonómica, recibieron presentes de un valor elevado, como relojes, pulseras, bolsos, corbatas o puros. Incluso los suegros de Camps estaban en la lista. Pero sin embargo esto no es lo más grave sino la presunta financiación irregular del Partido Popular valenciano. El sumario incluye pruebas de que determinados gastos de la formación fueron asistidos por empresas constructoras locales. Facturas que, inicialmente, iban a nombre del PP por actos de partido y se transmitían por una orden interna a Facsa, Enrique Ortiz, Sedesa y PIAF. El secretario general del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Antonio Clemente, ha asegurado hoy que el levantamiento del secreto de sumario revela que no hay financiación ilegal del PP y que todas las cuentas están auditadas satisfactoriamente por el Tribunal de Cuentas y en el sumario no hay ninguna información que contradiga esta afirmación.