HONDURAS
La Fiscalía pide detener a la cúpula militar que participó en el golpe de Estado
Por Miguel Martorell
2 min
Internacional07-01-2010
El fiscal general del Estado, Luis Alberto Rubí, presentó el miércoles un requirimiento ante la Corte Suprema de Justicia de Honduras para que proceda a la detención, para su posterior juicio de tres cargos de la cúpula militar que participaron en el golpe de Estado. Se les acusa de abuso de autoridad y expatriación ilegal.
El requirimiento fiscal afecta a la Junta de Comandantes, formada, entre otros, por el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general Romeo Vásquez, el comandante de la Fuerza Áerea, Venancio Cervantes, y el comandante de la Fuerza Naval, Luis Javier Prince. El fiscal general de Honduras les acusa de abuso de poder durante el golpe de Estado del pasado junio y de expatriación ilegal. Según explicó la Fiscalía, "las leyes de Honduras prohíben la expatriación de nacionales". A esto se une, según la versión de la Fiscalía, que "la orden que recibieron los militares era detenerlo y presentarlo a los tribunales". La cúpula militar ya ha dado instrucciones al gabinete jurídico del Ejército para que prepare la defensa. Tanto la cúpula militar, que considera el requirimiento un "desafío" al Ejército, como el presidente 'de facto', Roberto Micheletti, han dejado claro desde el principio que se expulsó a Zelaya del país cumpliendo las órdenes de la Corte Suprema de Justicia. Fue, precisamente, el alto tribunal hondureño, junto al Congreso, el que aprobó a finales de junio la destitución de Zelaya alegando una violación de la Constitución. El presidente entonces depuesto trataba de llevar a cabo una consulta popular que le permitiría reformar la Carta Magna y ser reelgido para un tercer mandato. Para el propio Zelaya, el requerimiento no es más que una cortina de humo, o "un manto sobre la verdad" de los hechos del 28 de junio que busca ocultar que fueron los altos cargos políticos los que dieron la orden de que se le expulsara del poder y del país. "Si sabían que los militares habían cometido un error, significa que el Congreso Nacional no podía destituirme", argumenta el presidente depuesto, que cree que la Fiscalía debería solicitar su regreso a la Presidencia para preparar su defensa legal en un hipotético juicio. La semana que viene el Congreso de Honduras debe votar una posible amnistía para los hechos del 28 de junio, lo que permitiría la salida del país de Zelaya -hoy por hoy refugiado en la Embajada de Brasil en Tegucigalpa- así como la retirada de cargos contra los militares que participaron en el golpe de Estado.