EN MÉXICO

El Estado deberá responder por los asesinatos en Ciudad Juárez

Por Victoria Sofía Wilches3 min

Internacional15-12-2009

El gobierno mexicano es el responsable de la muerte de tres mujeres en Ciudad Juárez y deberá responder públicamente por ello, según la sentencia publicada el lunes por la Corte Interamericana, en el que se ha resuelto a favor de las familias de las tres mujeres que fueron identificadas. Según establece el documento, México deberá hacerse cargo de los asesinatos en "un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado", y se ha exigido la publicación de la sentencia y su difusión de forma masiva.

En la sentencia se ha dejado claro que no se admitirán recursos y deberá cumplirse obligatoriamente. Además, la decisión judicial, establece el pago de una “indemnización” de 380.000 euros por parte del Estado de México a las familias de las víctimas, así como la atención médica, psicológica y psiquiátrica que requieran sus miembros. México también deberá encargar se de "identificar y sancionar a los responsables y funcionarios acusados de irregularidades en la investigación de los casos". Las tres víctimas, de las ocho encontradas con señales de tortura, fueron identificadas como Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos Monárrez y Esmeralda Herrera Monreal, y según las investigaciones su asesinato se produjo cuando salían de una fábrica textil donde laboraban. Estas muertes hacen parte de un gran expediente que incluye el asesinato de 500 mujeres en manos de desconocidos a lo largo de más de una década. El plazo para el cumplimiento obediente de la sentencia expirará en un año, y en esta línea, los abogados de las víctimas, el español Emilio Ginés, y los mexicanos Michele Salas y David Peña, han solicitado la creación de una comisión de seguimiento, con el fin de garantizar el cumplimiento de dicha orden. Según ha explicado Ginés, la comisión deberá estar conformada por asociaciones de profesionales en el tema e instituciones internacionales como la ONU. Los argumentos presentados en la sentencia hacen referencia a una violación de “el deber de no discriminación, derechos del niño y derecho a la integridad personal" por parte del Estado mexicano, así como un incumplimiento "con su deber de investigar y garantizar los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal". Lo anterior indica que, México tiene la obligación de "procesar y, en su caso, sancionar a los responsables materiales e intelectuales de la desaparición, maltratos y privación de la vida de las jóvenes". Y en ese sentido, "el Estado deberá, dentro de un plazo razonable, investigar, por intermedio de las instituciones públicas competentes, a los funcionarios acusados de irregularidades y, luego de un debido proceso, aplicará las sanciones administrativas, disciplinarias o penales correspondientes a quienes fueran encontrados responsables". La sentencia además obliga al Estado a levantar una estatua en memoria de las víctimas de homicidio por abuso de género, como acto simbólico, con plazo máximo de un año, el monumento, según reza el documento, "se develará en la misma ceremonia en la que el Estado reconozca públicamente su responsabilidad internacional, en cumplimiento de lo ordenado en el punto resolutivo anterior". En el largo plazo, el Estado mexicano ha sido obligado por la Corte a rendir cuentas durante tres años seguidos, indicando las medidas que se toman para evitar nuevos casos de “feminicido”, término con el que han sido descritos los inexplicables asesinatos registrados en Ciudad Juárez, así como a "implementar búsquedas de oficio y sin dilación alguna cuando se presenten casos de desaparición … establecer un trabajo coordinado entre diferentes cuerpos de seguridad; eliminar cualquier obstáculo de hecho o de derecho que le reste efectividad a la búsqueda", y además el Estado tiene la obligación de "asignar los recursos humanos, económicos, logísticos, científicos o de cualquier índole que sean necesarios", "priorizar las búsquedas en áreas donde razonablemente sea más probable encontrar a la persona desaparecida sin descartar arbitrariamente otras posibilidades o áreas de búsqueda". Las condiciones anteriores, como precisa el documento, "deberán ser aún más urgente y riguroso cuando la desaparecida sea un niña". Según ha explicado el Consejo General de la Abogacía Española, encargado de brindar asesoría a las familias de las víctimas, la emisión de esta sentencia "constituye un hito en la defensa de los derechos humanos y en la lucha contra la violencia de género en perjuicio de las mujeres".