CINE

Crítica contra la ley de cine en catalán

Por Rocío López2 min

Espectáculos11-12-2009

Fedicine(agrupación de los principales distribuidores de cine) y el gremio de Cine Catalán se reunieron ayer en Barcelona para presentar un plan alternativo, la Xanxa, a la propuesta de ley que la Generalitat ha diseñado. Dicha ley impone el doblaje al catalán de la mitad de las copias de películas que se estrenen en más de 15 pantallas.

Luis Hernández de Carlos, presidente de la Fedicine ha informado que recurrirán esta ley tanto en instancias nacionales como europeas, pues las distribuidoras estadounidenses aceptan el doblaje pero no aceptan que los gastos corran de su cuenta. Por lo que sólo se distribuirían quince por título, afectando a las distribuidoras y a las salas más pequeñas que verían difícil ofrecer las películas más taquilleras. Además, Camilo Tarrazón, presidente del gremio, ha informado que la puesta en marcha de la ley podría suponer el cierre de 45 empresas catalanas con la pérdida de trabajo sus respectivos empleados (1.786 trabajadores verían peligrar su puesto). También los exhibidores han calculado que la asistencia a los cines caerá un 20%, y que los beneficios serán por lo tanto mucho menores al tener que restar también un 5% de la recaudación de taquilla a la mejora y adaptación tecnológica de las salas, como la ley propone. La red alternativa, la Xarxa, propone un acuerdo con la Generalitat para crear una red de cines en catalán por toda Cataluña (53 en total). “Ofrecemos una pantalla en catalán en los complejos multicines con más de tres salas, lo que supone aumentar la oferta un 148%”, afirmó Tarrazón. Insta también a que sea la Generalitat la que asuma todos los gastos que se retire la ley de cuotas “No tenemos ninguna animadversión respecto al fomento del cine en catalán, pero no creemos que eso deba tener un coste para los operadores económicos privados. Cualquier acción de promoción de la lengua catalana requiere consenso y que sea sufragada con fondos públicos" declaró Terrazón. También exigen que se anule de la ley el impuesto sobre la exhibición, la obligación de destinar parte de la recaudación a la mejora de las salas y el proyecto de crear una red de pantallas que ofrezcan cine no comercial.