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LIBERACIÓN DEL ALAKRANA

El secuestro del Alakrana ha dado lugar a un nuevo enfrentamiento político y social

Por Gema MartínezTiempo de lectura2 min
España17-11-2009

Una piedra en el zapato del Gobierno. Así es como se puede definir lo que ha supuesto para Zapatero el secuestro del barco Alakrana. Durante 47 días la incertidumbre y las disconformidades entre el Ejecutivo y el poder judicial han tenido en vilo a dos poblaciones: Vigo y Bermeo (Vizcaya), poblaciones que acogen a los familiares de los pescadores recién liberados. Han sido ellos, las familias, quienes más han presionado al gobierno de Rodríguez Zapatero para zanjar la cuestión cuanto antes. Se han reunido con el Defensor del Pueblo Vasco, han realizado concentaciones silenciosas, y no han dudado en alzar la voz en contra del Gobierno cuando lo han creído necesario.

Sin embargo, a la presión ejercida por los familiares, que acabó en el momento en el que se reunieron con el presidente del Gobierno quien les pidió “discreción”, hay que unir los desencuentros con el sistema judicial español. La Audiencia Nacional no dudó en culpar al Gobierno de la detención de los dos piratas somalíes y de las divergencias surgidas entre Moncloa y los ministerios de Defensa y Justicia. Las discrepancias entre los miembros del Gobierno y la presión popular han podido llevar al gabinete español a ceder ante el chantaje planteado por los piratas somalíes: el pago de 2,3 millones de euros por la libertad de la tripulación del ‘Alakrana’. Esta reacción es, aunque no tuvo confirmación oficial, igual a la ocurrida el año pasado con el secuestro del ‘Playa de Bakio’, ya que una posible acción armada fue descartada por el Ministerio de Defensa. DEbate político y social El procedimiento llevado a cabo por el Gobierno plantea un debate político y social sobre si la piratería es lo mismo o no que el terrorismo. En todos los casos de secuestros de ETA el Estado se ha mantenido firme y nunca ha accedido al chantaje de nadie. Las actuaciones gubernamentales que han puesto fin a los 47 días de cautiverio de los pescadores españoles han hecho reaccionar al principal partido de la oposición. En el transcurso del secuestro, el Partido Popular lo ha utilizado como arma arrojadiza contra el gabinete de Rodríguez Zapatero. Una de las críticas más sonadas la formulada por los populares contra la vicepresidenta Mª Teresa Fernández de la Vega por su viaje a Argentina durante las negociaciones. Este hecho provocó que Pepe Blanco, vicesecretario general del PSOE, reclamará al partido liderado por Mariano Rajoy que tuviera “sentido de Estado” y “arrimase el hombro y se pusiese del lado el Gobierno”. Ahora, una vez resuelta la cuestión, los populares reclaman “responsabilidades” al Gobierno y le exigen que explique qué medidas se van a emplear en un futuro para evitar casos similares. No obstante, tras hacerse público el desenlace del secuestro, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, ha mostrado su satisfacción por el resultado y ha declarado que “hoy no es día para valorar la actuación del Gobierno”.