SEGURIDAD PESQUERA

El Gobierno vasco pagará el 25% de la seguridad a los pescadores

Por Rocío López2 min

España28-10-2009

Aunque el Gobierno vasco ha propuesto pagar el 25 por ciento de los costes de seguridad privada de sus buques, el Lehendakari, Patxi López, ha informado de que también existen negociaciones con el Gobierno central para que financie otro 25 por ciento, dejando únicamente la mitad de los costes para los armadores.

Patxi López se ha reunido en la junta directiva de la Asociación Nacional de Armadores de Buques Atuneros Congeladores (ANABAC) y de la compañía armadora del Alakrana, con la consejera de Pesca y Medio Ambiente, Pilar Unzalu. El director gerente del ANABAC, José Ángel Angulo, ha salido muy optimista de la reunión ante la promesa de López de hacer todo lo posible para que las negociaciones con Interior y Defensa lleguen cuanto antes a buen término para agilizar la lucha contra los piratas. López también ha dicho que "ya están en marcha los contactos de los armadores con empresas europeas que pueden ofertar personas adecuadas para el manejo de este armamento". En cuanto al debate político sobre la posibilidad de embarcar militares en los atuneros, López ha opinado que éste no debería ser el principal debate sino cómo garantizar la seguridad de los navíos para que continúen faenando donde están los peces. En la reunión también se ha conseguido establecer contacto con los 36 tripulantes del Alakrana lo que tanto Patxi López como José Ángel Angulo han calificado de “esperanzador” pues la recuperación de las comunicaciones (que habían cesado durante cinco días) lleva a pensar que el secuestro "se puede resolver en un plazo relativamente corto". La ministra de Defensa, Carmen Chacón, confirmó en el Congreso de los Diputados la ayuda del Gobierno central para la seguridad de los pesqueros. Aunque recalcó una vez más que en los buques no habrá militares pues es algo que va en contra de la legislación española. Aun así el PP reiteró su propuesta de embarcar infantes de marina en los buques, pues el principal problema de los civiles armados es que no tienen derecho a detener a nadie en caso de necesidad. Tan pronto como el Consejo de Ministros apruebe la modificación del Reglamento de Seguridad Privada, las medidas se llevarán a cabo.