PERÚ

El Gobierno modifica los polémicos decretos sobre la Amazonía peruana

Por G. Martínez3 min

Internacional21-06-2009

El Gobierno peruano promulgaba, en junio de 2008, 11 decretos para hacer efectiva la firma de un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Desde entonces, los indígenas de la selva del Amazonas exigen la derogación de estos preceptos, aduciendo que atentan contra sus derechos ancestrales.

La lucha entre la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Amazonía Peruana (AIDESEP) y el Gobierno de Lima no ha cesado y se convirtió la pasada semana en un auténtico baño de sangre en la localidad de Bagua, al norte del país. El enfrentamiento entre la Policía peruana y los awajún (antiguos guerreros jíbaros) se ha saldado con numerosas víctimas mortales, y según organizaciones no gubernamentales, podrían existir fosas comunes en las que la Policía hubiera enterrado a los indígenas que, a día de hoy, se dan por desparecidos. Tal ha sido la tensión entre el colectivo indígena y las autoridades peruanas, que el líder de la asociación de indígenas, Alberto Pizango, está acusado por el Gobierno de instigar todas las protestas y la Fiscalía peruana lo ha puesto en búsqueda y captura por “homicidio calificado y ataque a las Fuerzas Armadas”; por ello, el cabecilla de la AIDESEP ha pedido asilo político en el vecino país de Nicaragua. Otra de las consecuencias de la gestión de Alan García y el Gabinete de su primer ministro, Yehude Simon, ha sido la dimisión de la ministra de la Mujer, Carmen Vildoso, a raíz de la emisión de un vídeo de propaganda gubernamental en el que sólo se daba importancia al número de fallecidos entre los miembros de la Policía y se calificaba a los indígenas como “extremistas”. Los decretos de la discordia El 28 de octubre de 2007, Alan García, presidente electo de la República de Perú, publicaba un artículo en el diario conservador El Comercio titulado El síndrome del perro del hortelano en el que expresaba su malestar contra los indígenas por no poder explotar a su antojo la selva amazónica. Un año después, el Gobierno promulgaba un paquete de decretos para materializar no sólo esa explotación sino para acelerar un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Esta serie de decretos, entre los que se encuentran una nueva ley de fauna y flora (1.090), una imposición de figuras jurídicas para la explotación de recursos (1.020 y 1.081) u otorgar a quienes poseen mayores recursos económicos un mayor acceso a los recursos hídricos (1.083), pusieron en pie de guerra a los indígenas, que los calificaron como inconstitucionales. Los más polémicos son los decretos 1.090 y 1.086, por los cuales gran parte del territorio de la Amazonía podría convertirse en suelo agrario o usarse para cultivo de biocombustibles. El primero ha sido derogado de forma temporal, por 90 días, y se ha restablecido la vigencia de la anterior ley de flora y fauna peruana. La represión del Ejecutivo de Alan García hacia las comunidades indígenas ha provocado una ola de protestas de organizaciones no gubernamentales, a quienes las autoridades peruanas piensan restringir sus fondos. Asimismo, el presidente peruano ha entonado un mea culpa al reconocer que cuando se promulgaron aquellos decretos, no se obtuvo el consentimiento de las comunidades indígenas; pero ha culpado del conflicto a “factores externos” que pretenden minar la buena imagen de su país.