GUANTÁNAMO

España aplicará un estatus especial para poder recibir a los cuatro presos

Por Martín Castro2 min

España17-06-2009

La retirada española de Kosovo supuso el primer encontronazo en política exterior entre la Administración Obama y el Gobierno español. Ahora el Gobierno español busca apuntalar esa relación gracias al acuerdo entre ambos países por el cual España se compromete a acoger varios presos de la prisión de Guantánamo, además de cargar exclusivamente con los gastos de estos.

El enviado especial del presidente Obama para el cierre de Guantánamo, el diplomático Daniel Fried, planteó formalmente al Gobierno español que acoja en su territorio a cuatro de los 232 reclusos que siguen aún en el presidio levantado por EE UU en territorio cubano. El Gobierno está estudiando todos ellos caso por caso. La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, explicó que el Gobierno estudia la petición del Gobierno estadounidense y subrayó que la decisión final tendrá que ser compatible con el derecho internacional y el español. Según fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, los cuatro presos no tienen ningún cargo, son catalogados como “cleared for release” (exentos de cargos) y quedarían en libertad, como se especifica en la documentación entregada por el Gobierno de Barack Obama. Sin embargo, según ha explicado Miguel Ángel Moratinos, estarán sometidos a un “sistema de vigilancia y observación” de manera que se garantice la seguridad de la sociedad española. El ministro se remitió al precedente de los tres palestinos acogidos en España en mayo de 2002 -después de que Israel levantase el cerco de la Basílica de la Natividad, en Belén- que, a su juicio, es “bastante similar”. Los tres palestinos, que se alojaron en una casa forestal de Soria, estuvieron vigilados por la Guardia Civil, pero fue porque así lo aceptaron. Moratinos no concretó si los cuatro presos que vendrían a España han elegido voluntariamente este destino ni tampoco cómo se haría su traslado. No obstante, adelantó que previsiblemente habría un "sistema de vigilancia y observación" en torno a estos detenidos, de manera que se garantice la seguridad de la sociedad española. A fin de garantizar plenamente esta seguridad, los presos serán trasladados a España sin que pesen cargos contra ellos y les será concedido un estatus especial de refugiado político, ya que no podrán volver a su país de origen por ser perseguidos o sometidos a penas de prisión o, incluso, de muerte. Estados Unidos ha ofrecido la posibilidad de financiar parte de los gastos que generen los ex internos, pero el Gobierno español descarta solicitar dinero y asume que correrá con todos los gastos que estos puedan generar.