JUSTICIA
El Tribunal Supremo estrecha el cerco sobre Garzón
Por Martín Castro
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España05-06-2009
La Justicia se divide en dos, los que apoyan a Garzón y los que no. Ahora la discusión se abre a raíz de la querella impuesta contra el juez sobre los ingresos que recibió en Estados Unidos durante un permiso de estudios. Además de esta causa, el juez tiene abiertas dos más, una por su investigación de los crímenes contra el franquismo y otra por la puesta en libertad por error de dos narcotraficantes turcos.
Baltasar Garzón no mintió sobre sus ingresos durante su estancia en Estados Unidos como investigador de la Universidad de Nueva York, tal y como sugirió el Tribunal Supremo el pasado febrero. Y, en caso de haberlo hecho, la infracción disciplinaria que hubiera podido cometer habría prescrito hace casi un año, con lo que no se le hubiera podido sancionar. Así se recoge en la propuesta de archivo de la investigación abierta contra el juez que el servicio de inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) envió al órgano de gobierno de los jueces, donde será debatida en la próxima reunión de la comisión disciplinaria. Sin embargo, el Supremo ha ordenado al CGPJ tramitar una segunda queja contra Garzón por sus cobros en Nueva York, lo que a su vez implicaría que los hechos denunciados no estarían prescritos. El recurrente en este caso, como en el de la Sala de lo Penal, fue el abogado Arturo Panea, que impugnó el pasado marzo la decisión del CGPJ de archivar una denuncia suya contra el juez. Los magistrados afirmaron en esa ocasión que la gravedad de los hechos quedaba “acreditada” por el hecho de que la Sala de lo Penal hubiera denunciado los mismos hechos que la Inspección no considera ilícitos. Pero además, varias asociaciones de la Memoria Histórica y familiares de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo se autoinculparon ante el Supremo como “inductores y cooperadores necesarios” de las resoluciones de Garzón y de declararse competente para investigar los hechos. Se reclama además la recusación de los magistrados de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal que admitieron a trámite la querella por prevaricación que el sindicato Manos Limpias presentó contra Garzón, y especialmente la del ponente de esa resolución, Adolfo Prego.