14 DETENIDOS
La pugna entre Fiscalía y el juez complica la operación contra los piratas
Por LaSemana.es2 min
España10-05-2009
El buque español ‘Marqués de la Ensenada’ detuvo 14 piratas somalíes en el marco de la operación internacional Atalanta, desplegada en el cuerno de África contra la piratería. Sin embargo, la descoordinación entre el Ministerio de Defensa, la Fiscalía y la Audiencia Nacional hizo peligrar la operación llevada a cabo por los militares españoles.
Para evitar un fracaso que hubiese supuesto un daño irreversible en la imagen de España ante el resto de países que participan en esta misión internacional, el Gobierno se vio obligado a mandar actuar a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado para impedir que los piratas detenidos pudiesen quedar en libertad, cuatro días después de ser detenidos. La razón es que, una vez practicadas las primera siete detenciones, el Ministerio de Defensa comunicó el hecho a la Audiencia Nacional, en concreto al juez que se encontraba de guardia, Fernando Andreu, quien, en consecuencia, abrió diligencias al respecto. Dentro de esta nueva causa, la Fiscalía solicitó al magistrado que dictase una orden de prisión provisional para los corsarios detenidos. El Ministerio Público consideraba que la Audiencia Nacional era el órgano competente para entender de estos hechos y se basaba en la gravedad que los delitos que los detenidos habrían cometido bajo el principio de justicia universal y la obligación de la comunidad internacional de perseguir la piratería, según establece la Convención de Ginebra. El juez accedió y dictó la orden de prisión contra los piratas. Sin embargo, sólo un día después, la Fiscalía cambiaba su opinión y pedía a Andreu que revocase esa orden de prisión, que archivase su investigación y que dictase el traslado de los capturados a Kenia. El Departamento que dirige Javier Zaragoza se basaba ahora en un acuerdo firmado el pasado mes de marzo entre la Unión Europea y el país africano por el que se establecía la entrega de cualquier pirata detenido en el seno de la misión Atalanta a las autoridades keniatas. “Por imperativo legal” y mostrando su total disconformidad con este cambio de criterio, el juez se vio obligado a decretar la libertad de todos los detenidos ante la ausencia de acusación. Sin embargo, se negó a trasladarlos a Kenia y mantuvo la investigación abierta. Esta controversia judicial se producía al mismo tiempo que el buque ‘Marqués de la Ensenada’ retornaba de alta mar hacia las costas de África con los piratas detenidos a bordo sin saber que hacer con ellos, ni a donde dirigirse. La decisión del juez suponía un vacío legal por medio del cual los piratas podrían quedar en libertad y fugarse en cuanto pisasen tierra firme. Pero para evitar este supuesto, el Gobierno solicitó tanto a la Fiscalía como a la Abogacía del Estado que recurriesen el auto del juez para que finalmente los corsarios fuesen entregados a Kenia.