ABORTO

El gobierno popone el aborto sin justificación las primeras catorce semanas

Por Paula López2 min

Sociedad11-02-2009

El aborto no es legal en España, pues sólo está despenalizado en tres supuestos: peligro para la salud física y mental de la madre -sin límite de meses-, violación -antes de las doce semanas-, y por riesgo o malformación del feto -antes de las 22 semanas-. Esta situación podría cambiar próximamente debido a la propuesta de ley, conocida como ley de plazos, que el PSOE ha promovido y que se aborda en la Comisión de Igualdad.

De aprobarse, la nueva ley propone la posibilidad de interrumpir el embarazo hasta las catorce semanas sin justificación y hasta las veintidós semanas si existe un riesgo para la madre: el supuesto de violación desaparecería, ya que se acogería al plazo en la que no es necesaria la justificación y, en caso de riesgo físico o psíquico para la madre, el límite de meses para abortar pasaría de ser ilimitado a tener un plazo de 22 semanas, hecho con el que no están de acuerdo las asociaciones pro abortistas, que alegan que más de 9.000 mujeres serán forzadas a ser madres por culpa de la implantación de este límite. El Partido Popular ha criticado esta propuesta, al considerarla de aborto libre y añade que el objetivo debería ser reducir el número de abortos, sobre todo en los adolescentes, ofreciéndoles ayudas económicas e información y no facilitándoles la interrupción del embarazo. El documento de conclusiones elaborado por el PSOE se debate en la comisión de Igualdad, donde se tendrán en cuenta los votos del PP, ERC, IU e ICV. Sandra Moneo, la portavoz del PP en la subcomisión que estudia la reforma de la ley del aborto ha declarado que, en caso de ser aprobada la ley de plazos, recurrirá al Tribunal Constitucional por considerar que la norma va en contra de la Constitución Española. Mientras el debate de la ley del aborto sigue presente en la política española, otros debates se fraguan en el Senado, un debate ideológico sobre una proposición de ley del PP. La posibilidad de poner un nombre legal a un niño que nace muerto ha sido la cuestión. El PP, con el apoyo de CiU y PNV ha propuesto modificar la Ley del Registro Civil que data de 1957, con el fin de poder registrar con nombre y apellidos a los niños que nacen muertos o que mueren antes de las veinticuatro horas pues actualmente el niño debe vivir ese tiempo para poder registrarlo. Esta propuesta, que no cuenta con el apoyo de PSOE, no tendría ninguna consecuencia jurídica y sólo sería válida a efectos de filiación. Los partidos que apoyaron esta iniciativa la presentaron como una cuestión de humanidad y sensibilidad para las familias que sufren esa pérdida. La polémica de este asunto está estrechamente relacionada con la ley del aborto, ya que si se aceptase esta modificación, se estaría también aceptando que el feto abortado es un niño con nombre y apellidos, ya que este es un bebé que nace muerto.