OPERACIÓN GÜRTEL

Garzón apunta a que la trama de corrupción alcanzará a altos mandos del PP

Por E. Del Pozo/ A. Requeijo2 min

España15-02-2009

Las buenas películas de acción y de misterio se caracterizan por los sustos que sufre el espectador, los cambios imprevistos de guión, las tramas complicadas y, sobre todo, los finales inesperados. La investigación que instruye el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón a partir de la denominada operación Gürtel tiene algo de misterio ya que todavía no se sabe exactamente hasta donde alcanzan los tentáculos de esa red de corrupción. Cuenta además con algo de esperpento, y también de película española de los años 70, concretamente La escopeta nacional. Más si cabe tras conocerse la cacería a la que asistieron en plena operación tanto el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, como el propio Garzón.

El juez, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, inició la investigación contra una serie de empresarios corruptos relacionados con ayuntamientos del noroeste de la Comunidad de Madrid y Valencia gobernados por el PP. Concretamente, la lista de imputados la integran 37 personas. Les imputa los delitos de cohecho, malversación de fondos, blanqueo de capitales, fraude fiscal y tráfico de influencias. No obstante, aunque hasta la fecha no han trascendido nombres concretos, el juez apunta a que la trama podría afectar altos dirigentes del partido. Lo advirtió el magistrado por medio de un auto en el que rechazaba la personación en la causa del PP. Según explicaba, este partido no podía ser parte del proceso debido a que existen “serios indicios de que personas vinculadas a, o integrantes de esa formación política podrían tener responsabilidad penal en esta causa o en aquellas otras que se incoen tras la inhibición que se acordará por razón de aforamiento de algunas de ellas”. Es decir, el magistrado señalaba sin dar nombres a diputados tanto autonómicos como nacionales del PP. En caso de que el juez imputase finalmente a dirigentes que ostenten la condición de diputado, estos no podrían ser investigados por el juez de la Audiencia Nacional y serían los tribunales superiores autonómicos o el propio Tribunal Supremo los órganos competentes. De momento, la gran mayoría son empresarios, excepto el alcalde popular de Boadilla, Arturo González Panero –forzado a dimitir por la dirección del PP tras el escándalo--, y el ex alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, también del PP. Hasta la fecha tan sólo se encuentran en prisión el presunto líder de la trama, Francisco Correa y sus lugartenientes Antoine Sánchez y Pablo Crespo, ex secretario de Organización del PP en Galicia. En su auto de prisión Garzón explica que estos tres imputados se habían aprovechado de sus buenas relaciones con los alcaldes o concejales de los municipios implicados y habían hecho negocios debido a un especial trato de favor. En ocasiones por medio de sobornos a funcionarios públicos. El presidente de los populares, Mariano Rajoy, denuncia la persecución que a su entender está sufriendo su partido. De momento, esta nueva crisis en el Partido Popular ya se ha cobrado las primeras víctimas políticas. Además de la dimisión de González Panero, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, aceptó la dimisión de su consejero de deportes, Alberto López Viejo, por una posible vinculación directa en los hechos.