INFANCIA

El defensor del pueblo denuncia maltratos en los centros de menores

Por Paula López2 min

Sociedad06-02-2009

Actualmente los adolescentes de entre catorce y dieciocho años son juzgados por el tribunal de menores cuando cometen un delito, pero en casos extraordinarios un juez de instrucción ordinario puede decidir que sean juzgados también de esta manera personas mayores de edad de hasta veintiún años.

Hace unos meses esta ley se puso a debate tras la petición del presidente del PP, Mariano Rajoy, del endurecimiento de la ley del menor por la gravedad de muchos casos y a la reincidencia. Rajoy proponía la rebaja de la edad penal y el fortalecimiento de los cuerpos de la policía y la guardia civil en zonas conflictivas para los menores (colegios, institutos, parques, etc.) y apoyo a la seguridad en centros escolares. La ley actual, que se puso en marcha en 2001, se basa en la prevención en clave de educación, pero el balance no ha sido del todo positivo: los delitos cometidos por menores se han incrementado. Estos adolescentes de hasta dieciocho años no van a la cárcel, sino que son internos en un centro de menores. En estos centros se pretende rehabilitar al chico o a la chica conflictiva y alejarle de un entorno que pueda favorecer la delincuencia, se les intenta educar y trasmitir unos valores positivos, pero no es una tarea fácil, muchos arrastran graves problemas de sociabilidad, familiares o incluso psicológicos que dificultan la reinserción. Esta especie de "cárcel" para menores es polémica estos días por numerosas quejas sobre el supuesto trato que se les da a los adolescentes: el Defensor del Pueblo ha denunciado maltratos en la mayoría de estos centros en un informe titulado Centros de Protección de Menores con Trastornos de Conducta y en situación de Dificultad Social basado en las quejas de los padres y denuncias de educadores. Según Enrique Múgica, Defensor del Pueblo, en estos lugares se realizan prácticas contrarias a los derechos de los menores, como atarlos o castigarlos sin comida, bajo la denominación de "medidas educativas creativas" o "medidas correctoras". La ministra de educación, Mercedes Cabrera, condenó "estas prácticas vejatorias que pueden atentar contra la integridad de los jóvenes" y señaló que detectará "si hay hechos constitutivos de delito".