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BÉLGICA

Un nuevo episodio de crisis en un país dividido

Por Luis Miguel L. FarracesTiempo de lectura3 min
Internacional04-01-2009

La crisis promovida por el Caso Fortis ha sido el último episodio de un país sumido en una profunda división. Bélgica arrastra desde hace años diferencias insalvables entre la comunidad francófona de Valonia y los nacionalistas flamencos que han llevado a plantear la escisión del país en más de una ocasión. La última hace poco más de un año tras las últimas legislativas.

La última crisis política belga ha estado marcada por la impotencia del claro vencedor de las últimas elecciones en el país, el democristiano flamenco Yves Leterme, de pactar un nuevo gobierno con los liberales valones. El consenso era necesario dado que pese a que Leterme ganó las elecciones, en Bélgica la Constitución exige que haya un mismo número de ministros flamencos y valones. Debido al estancamiento de las negociaciones, el país estuvo administrado durante siete meses más por el anterior Ejecutivo, que debería haber dejado el poder en un periodo inferior a un mes. Para ilustrar la inusual crisis en Bruselas, la situación durante ésta fue la misma que si tras las últimas elecciones generales en España el Partido Popular hubiera continuado en La Moncloa más de medio año. La clave de las diferencias entre los democristianos y nacionalistas flamencos por un lado y los liberales valones por el otro, resultó ser la gran reforma del modelo de Estado pretendida por Leterme. Las intenciones de los flamencos pasaron por vaciar al máximo las competencias del Gobierno central para potenciar la autonomía de Flandes y, en consecuencia, también la de Valonia. La radical reforma del sistema convertiría prácticamente a Bélgica de un estado federal a uno confederal. Y es que en los últimos años la idea de la secesión entre los neerlandófonos de Flandes y los francófonos de Valonia está más viva que nunca. Bélgica fue un estado centralista hasta la II Guerra Mundial. A partir de la contienda, las dos comunidades del país y la capital pasaron a ser territorios autónomos. Desde entonces, las diferencias lingüísticas y económicas (Flandes posee claramente mayor riqueza que Valonia y sus habitantes se quejan de los impuestos que deben pagar para el desarrollo de sus vecinos) fueron acentuándose, principalmente a instancias de los flamencos. Mientras que en Valonia prácticamente la totalidad de la población aboga por la unidad, en Flandes los partidos nacionalistas han experimentado un claro ascenso en los últimos años. Incluso agrupaciones de ultraderecha como Vlaams Blok, tildadas de racistas, lograban importantes resultados en las elecciones. Una polarización en ascenso El hecho de la crisis política a lo largo del pasado año no ha hecho más que agravar las diferencias entre ambas regiones. Apenas algo después de las últimas legislativas, los flamencos iniciaron una campaña nacionalista que culminó con lo que los valones consideraron como prácticamente una declaración de guerra. La clase política de Flandes puso en marcha la escisión de la tercera región del país, la de Bruselas Capital, en dos circunscripciones electorales diferentes. Dicha región era hasta ahora el único reducto de mestizaje y convivencia lingüística en todo el país dado que sus habitantes tienen acceso a cualquier organismo oficial tanto en neerlandés como en francés y pueden votar a partidos valones y flamencos. La escisión prevé la separación entre la propia ciudad de Bruselas, eminentemente francófona, y el cinturón de poblaciones de los alrededores, de mayoría flamenca. El resultado será que la circunscripción de los 35 pueblos flamencos de los alrededores de Bruselas será copada únicamente por partidos flamencos, con lo que dejará a los más de 120.000 francófonos residentes en el área sin la posibilidad de votar a partidos valones. Una situación que se asemejaría al hipotético caso de que en Cataluña sólo se pudiera votar en las elecciones generales a partidos regionales o nacionalistas pero agravada por el hecho de que en Bélgica todo ciudadano está obligado por ley a acudir a las urnas.