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PEDERASTIA

El Gobierno estudia la idoneidad de la castración química para violadores

Fotografía
Por Leticia PradoTiempo de lectura2 min
Sociedad26-09-2008

España registra una cifra de más de 3600 presos por delitos sexuales; de ellos, menos de la sexta parte reciben tratamiento. Tras los recientes escándalos producidos por la reincidencia de algunos violadores puestos en libertad, el Gobierno ha planteado una serie de propuestas destinadas a evitar más casos como estos. La posibilidad de frenar el deseo sexual mediante un tratamiento farmacológico o la creación de un registro de delincuentes sexuales son algunas de las medidas que los expertos planean para los próximos meses. Cataluña será la primera comunidad que ponga en funcionamiento estas medidas.

Los casos de delincuentes sexuales que volvieron a cometer abusos nada más abandonar la prisión han aumentado en los últimos meses. El violador del Vall d¬Hebron, el segundo violador del Eixample o el propio Santiago del Valle, presunto asesino de Mari Luz, son algunos de los reincidentes que han empujado al Gobierno a buscar soluciones eficaces que eviten este tipo de comportamientos de los condenados por delitos contra la vida. Aún no hay nada decidido, pero los diferentes grupos políticos coinciden en aprobar iniciativas como la denominada castración química, el registro de violadores o la libertad vigilada durante veinte años. El tratamiento farmacológico que se propone consiste en el uso de productos químicos que reducen el deseo sexual, una inyección mensual que reduce los índices de testosterona. El método, más conocido como castración química, no supone la amputación de ningún órgano del condenado. Él mismo ha de decidir voluntariamente si desea someterse a este procedimiento hormonal utilizado ya en terapias contra el cáncer de próstata y como método anticonceptivo. Aun así, algunos de los expertos dudan de su eficacia porque el tratamiento será difícil de mantener una vez que el preso abandone la cárcel. Pero el tratamiento químico no será suficiente para evitar la reincidencia de estos presos. El Ministerio de Justicia baraja la posibilidad de reformar el Código Penal para que aquellos presos que tengan serias dificultades de reinserción en la sociedad vivan en situación de libertad vigilada durante veinte años. Además, una base de datos dentro del Registro Central de Penados y Rebeldes controlará a todos los pederastas a partir de 2009. La nueva herramienta permitirá identificar a los delincuentes de manera inmediata e impedir posibles riesgos de reincidencia. La Generalitat catalana será la primera en poner en marcha alguna de estas medidas que evitarán la repetición de delitos sexuales por parte de delincuentes ya condenados. De los 71.000 presos que hay en España, 3620 han sido encarcelados por delitos sexuales. El 18 por ciento de ellos repiten sus conductas cuando abandonan la prisión porque, aunque la rehabilitación disminuya en un cuatro por ciento la reincidencia, muy pocos quieren someterse a ella.