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CONCIERTO VASCO

Ibarretxe desafía a España y amenaza con no pagar lo que debe a Hacienda

Fotografía Juan José Ibarretxe en el Palacio de Ajuria Enea

Juan José Ibarretxe en el Palacio de Ajuria Enea

Por La SemanaTiempo de lectura2 min
España02-01-2002

Desde el mes de septiembre mantuvieron el Gobierno central y el vasco 25 encuentros para negociar la renovación del Concierto vasco. El fracaso final tuvo un escollo principal: el Gobierno vasco pretendía tener representación directa y con voz propia en Europa.

El Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, máxima autoridad del Gobierno central en la negociación para renovar el Concierto, se negó a aceptar las reivindicaciones nacionalistas, y las Cortes Generales aprobaron una ley que prorroga el Concierto durante un año, y que entró en vigor con su publicación en el Boletín Oficial del Estado el pasado 31 de diciembre. El Ejecutivo de Ibarretxe no reconoce, acepta ni acata esta Ley. Así, hizo público un documento en el que denuncia que la aprobación de la prórroga por las Cortes Generales es una decisión “unilateral” y una “imposición” que no aceptarán porque, según versa el texto de la declaración, “los pactos ni se recurren ni se prorrogan unilateralmente”. El presidente del Partido Nacionalista Vasco, Xavier Arzalluz, declaraba que la Ley de prórroga no tiene soporte jurídico y que se produce una situación de vacío legal. La declaración no era un simple anuncio de desobediencia, pues esta se materializará, según el mismo documento, en que el Gobierno vasco no pagará en el 2002 el cupo previsto por los Presupuestos Generales del Estado –191.000 millones de pesetas- sino sólo 151.000 millones, los marcados por el último pacto quinquenal, que se alcanzó en 1997. Las consecuencias económicas del órdago de Ibarretxe no son las más importantes pues, en la misma declaración que hizo pública custodiado por todos los miembros de su Ejecutiva, amenazaba con que “cada día que pase sin acuerdo” será “un nuevo paso en clave de enfrentamiento” entre el Gobierno central y el vasco. Este enfrentamiento es político y se basa en el cuestionamiento que el Gobierno nacionalista vasco hace de las decisiones y actuaciones democráticas de los órganos e instituciones del conjunto del Estado. Según hizo público, el Ejecutivo de Ibarretxe tampoco reconoce la representación del Gobierno en el Consejo de ministros Europeo en materia de Concierto, ni la ejecutividad de las decisiones que tome el Consejo de Política Fiscal y Financiera en los asuntos que afecten al Concierto. Cristóbal Montoro calificó la reacción del Gobierno vasco de “pose política” y defendió, contra Arzalluz, la legalidad de la Ley de prórroga. Reiteró la necesidad de retomar las negociaciones durante el año de prórroga. En el caso de que no sea posible renovar el Concierto, una de las alternativas del Gobierno central sería sustituir el Concierto vasco por convenios bilaterales con cada una de las tres Diputaciones, que son, en realidad, las depositarias de los derechos forales.