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JUSTICIA

El CGPJ acentúa su imagen politizada y corporativa tras su renovación

Fotografía
Por Alejandro RequeijoTiempo de lectura3 min
España12-09-2008

Casi dos años esperando una renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que nunca llegaba por la falta de acuerdo entre las fuerzas políticas. Numerosas acusaciones, principalmente entre PP y PSOE, a cuenta de esta paralización. Populares y socialistas se acusaban mutuamente de buscar en la Justicia un apéndice a sus intereses de partido. Sin embargo ahora, pese al acuerdo entre Zapatero y Rajoy, que ha dado lugar a la creación de un nuevo Consejo, la imagen de politización en el máximo órgano de gobierno de los jueces sigue siendo la misma.

Entre los 20 vocales que integrarán este renovado CGPJ –en funciones desde noviembre de 2006- se encuentra un conseller de Justicia y Administraciones Públicas de la Comunidad Valenciana, gobernada por el PP, Fernando De Rosa Torner; una ex secretaria de Estado de Interior durante el Gobierno socialista de Felipe González y galardonada en 2000 con el Premio Sabino Arana, Margarita Robles; o la juez que investigó el caso del ácido bórico, Gema Gallego, quien sentó en el banquillo a cuatro altos mandos policiales –finalmente absueltos-, acusados de manipular un informe oficial sobre el 11-M al eliminar de él alusiones a ETA. En total, de la veintena de vocales, nueve han sido propuestos por el PSOE, otros nueve por el PP y decantarán la balanza dos candidatos nacionalistas avalados por CiU, Ramón Camp y por el PNV, Margarita Uría, ex diputada de la formación peneuvista. Este es resultado de un sistema de elección que parte de una lista de 36 posibles vocales presentada en 2006 por las principales asociaciones de jueces en grado proporcional a su número de afiliados. Las dos más importantes, Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Jueces para la Democracia (JpD) están fuertemente vinculadas al PP y al PSOE respectivamente. De ese primer listado, los partidos han seleccionado a 12 miembros: seis el PP (todos ellos de la APM) y otros seis el PSOE (cuatro de JpD y dos de la asociación Francisco de Vitoria). El resto del Consejo lo completan ocho juristas de reconocido prestigio (fiscales, jueces, abogados o catedráticos) seleccionados directamente por los partidos. Esta nueva composición tan sólo ha sido defendida como “profesional” y “técnica” por los interesados, es decir, por las fuerzas políticas que la han pactado y por las asociaciones de jueces más beneficiadas en el reparto de vocales. El resto de sectores dentro y fuera de la Justicia ya han advertido en el nuevo CGPJ una mayor politización que en el anterior pese a que, por primera vez en más de una década, los conservadores hayan dejado de ser mayoría. Sanción al juez del ¬caso Mari Luz¬ La primera cuestión a la que tendrán que hacer frente los nuevos vocales, además de la elección del nuevo presidente del órgano, será la decisión ante el recurso que presentará la Fiscalía en contra de la sanción impuesta por la Comisión Disciplinaria del Consejo al juez de Sevilla, Rafael Tirado. Este magistrado fue investigado por el Consejo por no ejecutar una sentencia por abusos sexuales contra el presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés. Este organismo decidió saldar esta investigación imponiéndole 1.500 euros de multa por la comisión de una “falta grave”. El Ministerio Público en cambio pide que se le sancione por una “falta muy grave”, por la que podría hasta ser apartado de la carrera judicial. Además el mismo día en el que la Comisión Disciplinaria del CGPJ decidía aplicar esa multa al juez Tirado, decidió imponer un total de 7.500 euros también por dos faltas graves al titular del Juzgado de lo Social de Talavera de la Reina (Toledo), Ángel Luis del Olmo, por abuso de autoridad y al mismo tiempo archivaba la investigación al juez que concedió un permiso penitenciario al abogado Emilio Rodríguez Menéndez, quien lo aprovechó para fugarse de la cárcel. Entre todas las críticas recibidas por el Consejo por esta diferencia de criterio, quizá la más contundente fue la del padre de la joven Mari Luz, Juan José Cortes: “sólo hemos asistido a un espectáculo lamentable por parte de la Justicia española, una justicia que ha dejado al descubierto el corporativismo que existe en nuestro país”, lamentó.