ABORTO

La ministra de Igualdad y sus expertos se encargarán de cambiar la ley

Por Esteban del Pozo3 min

Sociedad04-09-2008

La Ministra de Igualdad, Bibiana Aído, vuelve a ser noticia. Esta vez no es por hablar de "miembros y miembras" o poner un número de teléfono a los maltratadores para que "canalicen su agresividad", ahora se trata del cambio en la ley del aborto y para ello ha escogido a ocho expertos "a medida" que elaborarán el proyecto en seis meses.

Este comité de expertos lo componen: José Luis González Cussac, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Jaume I de Castellón; Elena Arnedo Soria, ginecóloga y ex concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid; Javier Martínez Salmeán, jefe del servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Severo Ochoa de Leganés; María Durán Febrer, abogada y jurista especializada en violencia de género; José María Bedoya Bergua, catedrático de Ginecología y Obstetricia de la Universidad de Sevilla; Consuelo Catalá Pérez, antigua responsable del área de Salud del Instituto Valenciano de la Mujer y primera presidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI); Francisco Tonat Colomer, catedrático de Enfermería Materno Infantil de la Universidad de Valencia; y Patricia Laurenzo Capello, catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Málaga. La mayoría de ellos tienen un claro tinte proabortista. Un ejemplo es Consuelo Catalá Peréz que en un artículo de opinión escribió que "las políticas públicas deben contemplar las decisiones de las mujeres que solicitan el aborto como decisiones firmes y responsables, como palabra de mujer. Y a partir de ahí, acompañarlas en su decisión, facilitándoles el acceso a la prestación, con los medios técnicos adecuados y en condiciones óptimas de atención, seguridad y salud". Un caso muy parecido es el de Javier Martínez Salmeán que no sólo es uno de los primeros médicos que se dedicaron a practicar abortos en la sanidad pública si no que no acepta que un médico se declare objetor de conciencia en esta materia porque "si un médico empieza negándose a realizar abortos, y luego ligaduras de trompas, y después a dar anticonceptivos, entonces a lo mejor tiene que plantearse que no puede trabajar en un sistema público". Lo mismo ocurre con Patricia Laurenzo Capello que ha publicado libros como Otra vez el aborto: el inevitable camino hacia un sistema de plazos en los que aboga por "dar relevancia con carácter general al consentimiento de las menores de edad que hayan cumplido los 16 años" y por "la impunidad de todo aborto realizado durante la primera fase del embarazo, durante la cual la decisión última está en manos de la mujer". Fuera de esta delegación se han quedado fuera la ACAI, quizá porque la mayoría de las clínicas que lo forman están siendo investigadas por practicar abortos ilegales, y las asociaciones en defensa de la vida. Varias han sido las críticas de este último sector a Zapatero la manera de debatir y elaborar este cambio de ley. Es el caso de Manuel Cruz, director de la Fundación Vida, que afirma que "el Gobierno quiere convertir un asunto tan serio como es el aborto en un nuevo numerito de sacar conejos de la chistera para apartar la atención de los malos datos económicos". Por su parte, la Asociación de Víctimas del Aborto (AVA) se ofrece "para explicar en la subcomisión todos los trastornos vinculados con un aborto provocado". Mientras que desde la Asociación Unidos por la Vida se propone una solución alternativa al aborto: "Reformar la ley de adopción".