ABORTO

La Ley del aborto de 1985 permanece vigente 23 años después

Por Leticia Prado2 min

Sociedad04-09-2008

Hace unos meses una cámara oculta destapó el escándalo de un grupo de clínicas privadas que provocaban abortos sin respetar la actual ley del aborto. Las voces a favor y en contra de estas prácticas inundaron las calles y la polémica replanteó la validez moral del documento que ha despenalizado en tres casos, desde 1985, la interrupción voluntaria del embarazo.

Las prácticas abortivas estuvieron prohibidas en España hasta la llegada de la democracia. En 1985, la ley orgánica 9/1985, más conocida como la Ley del aborto, reformó el artículo 417 bis del Código Penal. Desde entonces, la ordenanza despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres supuestos: en cualquier momento de la gestación siempre que suponga algún riesgo para la salud física o mental de la madre; durante las primeras 12 semanas si el embarazo es el resultado de una violación; o en las primeras 22 semanas si hay posibilidades de que el feto nazca con algún tipo de tara. Estas tres consideraciones convierten en no censurables la decisión de la mujer y la actuación del médico que provoque el aborto. Las únicas exigencias que contempla la ley son dos: en los casos de violación, la mujer tiene que haber denunciado los hechos previamente y, para considerar los otros dos supuestos, es necesario presentar el informe médico de un profesional distinto al que provocará el aborto. Todas las demás situaciones sin ningún tipo de relación con los tres supuestos recogidos en el documento son consideradas como ilegales y están penalizadas con multas y meses en prisión. Las últimas cifras sobre el aborto en España son las de 2006. El número de mujeres que decidieron interrumpir su embarazo aumentó en más de un diez por ciento con respecto al año anterior y superó los cien mil casos. La mitad de ellos pertenecen a mujeres de edades comprendidas entre los 20 y los 29 años. Muchas de ellas acuden a las clínicas privadas, que casi han monopolizado estas prácticas durante los 23 años de legislación. Pero, si la actual legislación ya es el origen de discusiones sobre la moralidad del aborto, los cambios que supondrá el documento que el Gobierno pretende poner en funcionamiento en 2009 no van muy encaminados a solucionar el conflicto. La posibilidad de una ley de plazos y de mejorar la protección jurídica de las mujeres y los médicos ha generado opiniones distintas. Las asociaciones a favor de la vida, como Provida o Fundación Vida, consideran que el grupo de expertos elegido para supervisar la elaboración del escrito sólo facilitará la conversión de lo que hoy es delito en un derecho para la mujer que desea abortar. Estas organizaciones defienden que el Gobierno dará el visto bueno a lo que ellos consideran como una “violencia despiadada” contra el feto y su madre. La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI) y el resto de colectivos a favor del aborto ven con buenos ojos la iniciativa del Ministerio de Igualdad. Consideran que el documento modificará una ley que se ha convertido en insuficiente.