ETA
De Juana inicia su tercera huelga de hambre porque se siente “acosado”

Por Elena Gómez
3 min
España19-07-2008
Porque se siente acosado. Esa es la razón que ha alegado el histórico etarra José Ignacio De Juana Chaos para iniciar su tercera huelga de hambre desde prisión. El terrorista, que abandonará la cárcel el próximo día 2 de agosto, aun no ha pagado las indemnizaciones que adeuda a sus víctimas, pero su pareja adquirió un piso en San Sebastián en el que residirán juntos.
El preso comunicó mediante una instancia dirigida al director de la prisión de Aranjuez (Madrid) que iniciaba una huelga de hambre indefinida en protesta por “el acoso mediático, judicial y penitenciario al que está siendo sometido”. Las otras dos huelgas de hambre anteriores ya supusieron toda una medida de presión en pleno proceso de negociación entre el Gobierno y ETA. Ese supuesto acoso consiste en que, ante las deudas que De Juana mantiene con sus víctimas, la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó el embargo preventivo fulminante de la vivienda del etarra en San Sebastián, una medida que se encuentra dentro de la investigación que está llevando a cabo el Ministerio Público sobre los bienes de De Juana Chaos con el fin de que haga frente a las indemnizaciones que no ha pagado a sus víctimas tras declararse insolvente y que, según fuentes de la Audiencia, superan de largo el millón y medio de euros. Mientras que el etarra, máximo responsable del comando Madrid de ETA y autor material de 25 asesinatos, adeuda a los familiares de fallecidos o heridos a manos de ETA unos 8 millones de euros, se declaró insolvente teniendo en posesión una casa en el País Vasco. Esta propiedad, pertenecía a la madre de De Juana, Esperanza Chaos, hasta que falleció en 2007, cedida en su día a la hermana del terrorista, Altamira. Tras la defunción, la hermana del terrorista la vendió en julio del año pasado a Irati Arantzabal, entonces novia de De Juana y su esposa del terrorista desde febrero de este año. La venta conllevaba una hipoteca de 360.000 euros. Iratí Arantzabal sólo se encuentra inscrita en nómina del colectivo de ayuda a los presos de ETA, por lo que la Fiscalía investiga un posible alzamiento de bienes. En este sentido, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha justificado esta investigación para “asegurar que no se comete fraude alguno” en relación con los bienes de De Juana y “para que todos los bienes de los que pueda disponer el terrible asesino vayan destinados a pagar las indemnizaciones de sus víctimas”. VÍCTIMAS Y VERDUGOS El día 2 de agosto José Ignacio De Juana Chaos saldrá de prisión, y en caso de poder residir en el mencionado piso de San Sebastián, podría producirse otro caso de convivencia entre víctimas y verdugo. Por esto, en caso de que la Sección Primera de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que fue la que dictó la última sentencia contra el terrorista y en la que fue condenado a tres años de prisión por amenazas, ordene esta medida, el embargo quedaría anotado en el registro de la propiedad, lo que evitaría cualquier venta de la citada casa. No obstante la esposa de De Juana no se vería obligada a abandonar la vivienda, situada precisamente debajo de la casa de Maria Teresa Embid, viuda de un comandante asesinado por ETA, y el etarra podría residir allí cuando salga de la cárcel. No obstante, Conde-Pumpido ha recordado que, “de momento” y de acuerdo con la ley vigente, “indudablemente” De Juana quedará en libertad una vez que cumpla su condena, y podrá hacer efectiva su intención de residir en este inmueble, situado en el barrio donostiarra de Amara, donde además de Maria Teresa Embid viven otros familiares de algunas víctimas de atentados etarras. La historia se repite de nuevo. Las denuncias de las víctimas de ETA que tienen que convivir con los asesinos no han llegado a ningún sitio. No es el primer caso, ya que Pilar Elías, viuda de Baglietto, convive desde hace muchos años con el asesino de su marido, que posee una cristalería en los bajos del inmueble donde ella reside. Elías declaró recientemente que “si la Justicia no puede hacer nada por ayudar a las víctimas, que lo haga el Gobierno”.





