ENALTECIMIENTO DEL TERRORISMO

La Audiencia Nacional no se pone de acuerdo sobre las calles etarras

Por Raquel Rodrigo5 min

España05-06-2008

La Audiencia Nacional no se pone de acuerdo. Mientras el juez Fernando Grande-Marlaska toma medidas contra la calles dedicadas a ETA, algunos de sus compañeros como Ismael Moreno o Santiago Pedraz no ven delito o apuntan a la vía administrativa para combatirlo. El Gobierno, sin involucrarse, pide unanimidad de criterios.

Los municipios de Cizúrquil, Hernani, Tolosa, Arrigorriaga, Durango, Lejona, Etxarri-Aranaz, Amorebieta y Lizarza fueron denunciados por la asociación de víctimas del terrorismo Dignidad y Justicia tras negarse a retirar los nombres de sus calles dedicadas a miembros de ETA. Tan solo las querellas presentadas contra Hernani y Cizúrquil obtuvieron frutos de momento. El juez de la Audiencia Nacional, Grande- Marlaska, siguiendo un criterio diferente al del resto de sus colegas, admitió a trámite la denuncia y dictó un veredicto favorable a las víctimas: ordenó a la alcaldesa de Hernani, Marian Beitialarrangoitia, acusada por un delito de enaltecimiento del terrorismo, retirar la placa de un parque con el nombre del etarra Jose Aristimuño, alias Pana, cuya militancia en ETA acreditan tanto la Policía como la Guardia Civil. En cuanto a la plaza llamada Gudarien (del soldado vasco), Beitialarrangoitia se centró en justificar su mantenimiento, alegando que Gudarien es el término con el que se denominaba a los soldados vascos en la Guerra Civil, aunque los miembros de ETA lo utilizan para sí mismos en la actualidad. El juez indicó que, en este aspecto, “existe una mínima duda razonable sobre la verdadera intención que guió el acuerdo municipal”, ya que sólo lo votaron los concejales de Herri Batasuna, mientras que los demás grupos proponían llamarla Plaza Nagusia (Mayor), y “cuesta creer que en el caso de haber sido la intención la hoy manifestada por la imputada, todos los demás partidos se hubieran opuesto”. En el auto exigía la retirada tanto de la placa como del monolito, además de tomar las “medidas precisas para que no se restituyan en ninguna forma gráfica imaginable” y, en el caso de que suceda, “sean igualmente removidas”. Marlaska encargó la tarea a la Ertzaintza, que efectuó la retirada sin que se registrara ningún incidente. El otro municipio que benefició a las víctimas fue Cizúrquil. Su alcaldesa, Mari Ángeles Lazcano (PNV), ordenó el pasado mes de abril retirar dos monolitos colocados en sendas calles de la localidad dedicados a los etarras José Luis Geresta y José Arregui, y los nombres de dos calles dedicadas a los mismos. PEDRAZ NO VE DELITO En cambio, el juez Santiago Pedraz, no admitió a trámite la querella presentada contra el alcalde de Lejona, Eneko Arruabarrena (PNV). En su auto alega que “no consta” que las personas a las que se refieren las calles, Eustaquio Mendizabal, alias Txikia, y los hermanos Txabi y Joseba Etxebarrieta, fueran miembros de ETA, ya que nunca se les condenó por ningún delito relacionado con el terrorismo. Afirma que la denuncia se basa en “meras apreciaciones de orden periodístico”. Además, explica que se trata de una cuestión administrativa, y quien no esté de acuerdo, debe seguir desde un principio esta vía, no la penal. También rechazó la querella el juez Ismael Moreno, que instruía la causa de la denuncia al alcalde de Amorebieta, David Latxaga, del PNV. Alegó que “no es delito por sí mismo el hecho de que una localidad ostente nombres de etarras en sus calles”, y señaló que Latxaga ni era responsable “del expediente de concesión de los nombres de las calles” ni constaba que hubiera “efectuado ningún tipo de manifestación o acción encaminada a enaltecer o justificar el terrorismo o a humillar a las víctimas”, por lo que los responsables eran “quienes formaran parte del Consistorio en el momento de la concesión del nombre a las calles”. En respuesta a la carta enviada por Dignidad y Justicia al alcalde de Durango, Juan José Ziarrusta, éste dijo desconocer que en el municipio existiese una plaza con los nombres de los etarras “Txiki y Otaegi”, a pesar de que es el lugar donde se ubica el ayuntamiento. Una plaza de Etxebarri lleva también el nombre de ambos terroristas, pero su alcalde pidió a la asociación que aportara la sentencia por la que ambos habían sido condenados antes de plantearse retirar sus nombres. La sentencia no existe, ya que ambos fueron fusilados en los últimos momentos del régimen franquista. Además, el juez Fernando Andreu archivó la querella al considerar que la investigación no corresponde a la vía penal. La falta de unanimidad en la Audiencia Nacional en cuanto a las calles con nombres etarras fue criticada por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que afirmó que “es un tema el que no hay posición”, pero que debe fijarse. No quiso precisar si el Gobierno comparte el criterio de la Fiscalía de que la Audiencia Nacional no es competente en estos casos. Sin embargo, los jueces de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional anunciaron que unificarán criterios sólo cuando se produzcan dos decisiones contradictorias sobre casos exactamente iguales y una tercera decisión que esté pendiente de resolver. También en relación con ETA, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, acordó el inicio de una investigación preliminar sobre la posible colaboración entre ETA y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La sospecha se basó en los datos encontrados en el ordenador personal del número dos de las FARC, Luis Edgar Devia, más conocido como Raúl Reyes. En los e-mails encontrados, “se hace una referencia explícita a cursos de adiestramiento recibidos por ‘los amigos de ETA’, y se identifican algunas personalidades colombianas que podrían ser objeto de un atentado terrorista en Madrid”, explicó Zaragoza. La investigación fue encargada al fiscal Vicente González Mota, que deberá centrarse en “los vínculos históricos y actuales entre las organizaciones terroristas ETA y FARC, la presencia de miembros de ETA en campos de entrenamiento de las FARC, la presencia de miembros de las FARC en actos organizados por el entorno político-institucional de ETA, así como los proyectos conjuntos de ejecución de atentados terroristas contra personalidades colombianas en Madrid”.