YAK 42

La Fiscalía pide que se impute a ocho mandos militares por la tragedia

Por Raquel Rodrigo2 min

España30-05-2008

Son todos los que están, pero no están todos los que son. Al menos ese es el sentir de las familias de los 62 fallecidos en el accidente del Yak-42, que ven como el Ministerio fiscal pide que se impute a algunos de los responsables de la tragedia, aunque no a todos los que ellos solicitaron. Es el caso del ex ministro de Defensa Federico Trillo.

Tras años de lucha con la Audiencia Nacional y sus jueces, que tan pronto archivaban el caso como se veían obligados a reabrirlos, el fiscal Fernando Burgos pidió para los mandos militares responsables de la contratación del avión y de la identificación de los cadáveres una pena de cinco años de cárcel. Los imputados por las irregularidades en la identificación de los cadáveres son el general de Sanidad Vicente Navarro, el comandante médico José Ramírez y el capitán médico Miguel Sáez, acusados de elaborar la lista con los nombres de los fallecidos y de “rellenar” de forma arbitraria y “caprichosa” los treinta espacios en blanco que había, correspondientes a los militares que las autoridades turcas no habían podido identificar, lo que supone un delito continuado de falsedad documental. Burgos además reclama cinco años de inhabilitación especial y 60.000 euros de multa para Navarro y cuatro años y 24.000 euros para sus dos subordinados. Finalmente, pide una indemnización de 25.000 euros por daños morales para cada uno de los cónyuges, hijos y padres de los 30 fallecidos cuyos cadáveres tuvieron que ser exhumados y vueltos a inhumar 18 meses después del siniestro. El Estado deberá responder como responsable civil subsidiario en caso de insolvencia. El fiscal responsabiliza de la contratación del avión Yakovlev-42 a los que en la época ocupaban los cargos de jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), Antonio Moreno Barberá; jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMACON) Juan Luis Ibarreta y en menor medida, a otros tres responsables de este mismo departamento: el contraalmirante José Antonio Martínez Sainz-Rozas, el corono Joaquín Yáñez González y el comandante Alfonso Elías Lorenzo Taboada. Se les acusa de 62 homicidios por imprudencia grave, al considerar que “incumplieron los deberes mínimamente exigibles de vigilancia, control e inspección” en la contratación de los vuelos del Yak-42. La acusación, formada por los familiares de las víctimas, solicitó que se imputara igualmente al ex ministro de Defensa Federico Trillo. Al ser diputado del PP, el juez Marlaska remitió el escrito de la acusación al Tribunal Supremo, pero éste le indicó que era él quien debía detallar los indicios de criminalidad que apreciaba en Trillo. Marlaska no apreció ninguno, y cerró la puerta a su posible imputación. Se prevé que el juicio oral pueda celebrarse después del verano.