V ANIVERSARIO

Los familiares del Yak-42 siguen esperando Justicia cinco años después

Por Raquel Rodrigo6 min

España23-05-2008

Han pasado cinco años desde aquel fatídico 26 de mayo de 2003, cuando 62 militares españoles perdieron la vida cuando el avión en el que volvían de Afganistán, un Yakovlev 42-D soviético, se estrelló en Turquía. Tras un largo camino lleno de sinsabores recorrido en los tribunales para recibir Justicia, los familiares empiezan a ver la luz al final del túnel.

La primera denuncia se presentó el 31 de octubre de 2003 ante la Audiencia Nacional. La Asociación de Víctimas del Yak-42 inició la vía penal para que el juzgado investigase las irregularidades del caso y esclareciese las causas del accidente; además de aclarar si la Administración cometió un delito de omisión con resultado de muerte. Ya que la denuncia no iba contra nadie hasta no hallar responsabilidades, se pidió que declarasen los responsables del Ministerio de Defensa. El 13 de noviembre de 2003, la juez del Juzgado Central número 3, Teresa Palacios, rechazó la competencia de la Audiencia Nacional, afirmando que “sólo podría enjuiciar el delito de imprudencia de haber sido cometido por ciudadanos españoles en el extranjero”. Según su argumentación, “las irregularidades atribuidas a Defensa tuvieron lugar, en todo caso, en territorio nacional, por lo que la investigación correspondería a otros órganos judiciales españoles distintos de la Audiencia Nacional”. Esta decisión se recurrió, ya que la juez estaba obligada por la Ley de Enjuiciamiento Criminal a señalar qué tribunal era el que debía investigar el caso. El 5 de marzo de 2004 las familias se querellaron contra los generales que realizaron las identificaciones de los cadáveres. Se les acusó de ocultar que la mitad de los militares llegaron a España sin identificar. Palacios, de nuevo, rechazó la denuncia el 31 de marzo. Los abogados recurrieron el rechazo, y finalmente el 15 de julio de 2004 la fiscalía, de mano de Pedro Rubira, apoyó que la Audiencia Nacional se declarara competente para investigar el accidente del avión y las presuntas irregularidades en la identificación de los cuerpos. El 15 de octubre de 2004 Palacios dividió el proceso en dos sumarios sobre las diligencias de los responsables del accidente y el falseamiento de identificaciones. El 11 de noviembre dio la orden de exhumación de los 30 militares mal identificados para realizar las correspondientes pruebas de ADN, que se realizó el 22 del mismo mes. Como imputados citó al Teniente General José Antonio Beltrán Doña, al General Vicente Carlos Navarro Ruiz; y al Comandante José Ramón Ramírez García, y al Capitán Miguel Ángel Sáez García, como receptores de los cuerpos y firmantes de las autopsias. Todos declararon que no se hicieron autopsias, y el General Navarro asumió “íntegramente y de forma personal” su responsabilidad, excluyendo a cualquier otro acusado. Los días 15 y 16 de noviembre declararon también el Comandante Alberto Ruiz de los Paños y el General del Brigada Francisco Sánchez Borrallo. De los Paños reconoció que sabía que los cuerpos estaban sin identificar y que dio el aviso a sus superiores. l 11 de enero de 2005 se terminó de identificar a los cuerpos. El informe reveló nuevas irregularidades, como que faltaban objetos personales en los ataúdes, o se juntaron restos de tres personas en cinco bolsas distintas. El 18 de enero de 2005, Palacios volvió a negarse a seguir investigando el caso. Rechazó todas las peticiones de la acusación de que declararan más testigos. Se presentó una apelación, y el 10 de marzo del mismo año, la juez citó a declarar al Teniente Coronel José Antonio del Valle Garrido. Palacios siguió cediendo, y el 31 de marzo aceptó que declarasen como testigos dos enfermeros militares. Negó el resto de testigos solicitados, y los abogados recurrieron ante la Sala de lo Penal. El 19 de abril la juez rechazó por cuarta vez las diligencias presentadas por la acusación, y se volvió a recurrir la negativa ante la misma Sala. El 30 de mayo, el fiscal solicitó nuevos informes y testigos. La juez lo aceptó el 6 de junio. El 9 de julio los abogados de la acusación solicitaron que declarase en calidad de testigo el ex-ministro de Defensa, Federico Trillo, y el ex Secretario General de Política de Defensa, Javier Jiménez-Ugarte. El 30 de septiembre se sabe que tanto el fiscal como la juez rechazan estas declaraciones, pero hasta el 26 de abril de 2006 no se comunica a las familias. LAS FAMILIAS CONTRA GRANDE-MARLASKA El 18 de enero de 2006, por tercera vez, la sección Tercera Sala de lo Penal ordena a la juez que continúe la investigación del caso, después de archivar la solicitud de los familiares el 22 de noviembre de 2004. No es hasta mayo de 2006 que comienza la primera diligencia. El 19 de febrero de 2007 Palacios es sustituida por el juez Fernando Grande-Marlaska. La Asociación de Víctimas del Yak-42 no aprobó este cambio, y presentaron un escrito de recusación, porque entendían que el juez no podía ser imparcial a la hora de investigar las infracciones penales relacionadas con la identificación errónea de los cadáveres. El motivo era que ya había desestimado con anterioridad un recurso presentado “contra la decisión de la juez Palacios de no tomar declaración a determinados testigos que consideran esenciales para esclarecer los hechos, como el ex ministro de Defensa Federico Trillo y el ex secretario general de Política de Defensa Javier Gómez Ugarte”. Sin embargo, la fiscalía no lo consideró motivo suficiente para recusar al juez y multó a los familiares de los militares fallecidos con 300 euros por haber querido “apartar de mala fe” al juez Marlaska de la investigación del caso. El 22 de noviembre de 2007, el juez archivaba el caso de la identificación de los cadáveres, basándose en que aunque se cometieron errores, no hubo falsedad en el documento en el que se certificaba la muerte. Admitió que los hechos causaron “daños morales”, pero no tenían “relevancia penal”, aunque dejaba abierta la puerta a reclamar responsabilidades por otra vía distinta de la penal. El 22 de enero de 2008, a petición del fiscal jefe, se reabría el caso de nuevo. Afirmaba que Marlaska se precipitó al archivar la investigación sobre la seguridad del avión, y le ordenaba continuar la instrucción para depurar “las responsabilidades en que pudieran haber incurrido los presuntos responsables por omisión de la diligencia y control debidos”. Dos días más tarde, se citaba a declarar a los ex ministros de Defensa Federico Trillo y José Bono. El 13 de febrero se tomó declaración a cinco altos cargos militares implicados en la compra del avión. El Comandante Antonio Bendala afirmó en su declaración que Trillo “nunca ha dicho la verdad” sobre lo ocurrido, y se “escudó en terceras personas”. El 3 de abril prestaba declaración Bono como testigo. Declaró que el Estado Mayor de la Defensa recibió 18 “quejas” sobre fallos en la seguridad de los vuelos anteriores. Había “un malestar elocuente y alto” sobre el transporte de las tropas. Trillo también declaró, aunque se acogió al derecho de hacerlo por escrito. El 29 de abril, la petición de la fiscalía solicitando la reapertura de la causa por falsear la identificación de las víctimas se concedía. Consideraba que había “suficientes indicios” que probaban que se falsearon las identificaciones. Acusó también a Grande-Marlaska de “desoír” lo que le habían ordenado y afirmó que “desdeñar la identidad de los fallecidos tiene trascendencia jurídica, personal, moral y social”. Ante la petición de las familias de condenar a Trillo, Marlaska seguía afirmando lo mismo que cuando archivó la causa, que carece de responsabilidad penal en las irregularidades que se pudieran producir en la adquisición del avión.