ENERGÍA

Enel y Acciona cuentan con el respaldo de Bruselas

Por María García Cirac2 min

Economía18-05-2008

La situación que vive el entorno de Endesa desde 2005 es altamente inestable, aunque aparentemente toca a su fin. El Ejecutivo comunitario parece no estar dispuesto a permitir que se sigan escribiendo líneas, párrafos y reportajes sobre uno de los episodios más importantes en lo que al sector energético se refiere. La distinción de episodio importante se la ha ganado por el número de protagonistas y por su relevancia.

Hace ya más de dos años y medio desde que la ruleta energética se pusiera a funcionar. Múltiples episodios son los que hemos podido contemplar desde aquel momento. >Primero fue Gas Natural, con una oferta que se podría calificar, y según ha pasado el tiempo se ha confirmado, como la espuma de la gaseosa, ya que al igual que ésta se quedó en el bombazo inicial dejando poco a poco paso a los nuevos nombres que iban entrando. Tal es el caso de Enel, que apareció allá por el 27 de febrero de 2007. Unas semanas más tarde anunció que, en caso de que la alemana E.ON fracasara en su intento de adquirir Endesa, lanzaría una OPA junto a Acciona para hacerse con la eléctrica española, hecho que finalmente se produjo, formalizándose en 41,3 euros por acción. Pero lejos de quedarse aquí, la ruleta siguió moviéndose, quitando de la mesa a E.ON, no sin que antes los alemanes consiguieran una suculenta oferta. En esos momentos, aunque quedaba algún fleco, todo parecía controlado. Pero como una buena ruleta rusa, la situación giró y las condiciones impuestas por España parecían complicar la situación por ser, en cierta medida, injustificables al oponerse a la libre circulación de mercancías y capitales y a la libertad de establecimiento. De todos modos, en octubre de 2007 Enel y Acciona pasaron a ser los nuevos dueños, abriendo una nueva etapa para Endesa. Otra vuelta de tuerca Dicha etapa estuvo y está marcada por las condiciones que el Gobierno ha impuesto y que provocaron una primera llamada de atención de Bruselas, que en su momento dio un ultimátum al Ejecutivo para que retirara las condiciones o, en caso contrario, se vería inmerso en un proceso sancionador. Visto que no han surtido efecto las acciones efectuadas por el Ejecutivo de la UE, el siguiente paso ha sido endurecer su postura. Ha avisado de que acudirá al Tribunal de Justicia Europeo en caso de que su homónimo español no retire las condiciones. Mientras tanto, el Gobierno defiende su posición al declarar que su objetivo es garantizar la seguridad energética nacional, pero que de todos modos si la CE tiene razón, no habrá ningún problema en retirarlas. Es decir, “si hay que hacerlo, pues se hará”, según palabras del vicepresidente económico, Pedro Solbes. Todo ello a pesar de que en su opinión, o al menos la mantenida estos meses, Bruselas no acata la legislación comunitaria en lo referente a la posibilidad que tienen los países de justificar actuaciones de este tipo alegando motivos concernientes a estrategia nacional.